El uso de la vivienda institucional enfrenta a la ministra de Vivienda y al PP en el Congreso
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el diputado del Partido Popular, Sergio Sayas, han protagonizado este miércoles un intenso debate en el Congreso de los Diputados a cuenta del uso de las residencias oficiales y la gestión de las políticas públicas de vivienda. Durante la sesión de control al Gobierno, ambos representantes se han cruzado reproches sobre la ética en el uso de fondos públicos y la accesibilidad habitacional para la ciudadanía.
En su intervención, Rodríguez ha defendido la legitimidad de que los presidentes y cargos públicos dispongan de una vivienda pública con carácter residencial durante el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la titular de Vivienda ha marcado una distinción con la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que no es lícito el empleo de recursos autonómicos para fines relacionados con su patrimonio personal.
La ministra ha instado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a manifestar una condena explícita hacia la actitud de la presidenta madrileña. Asimismo, ha reclamado a la administración regional una mayor sensibilidad ante los desahucios que afectan a ciudadanos vulnerables, citando casos específicos de personas que, a su juicio, sufren las consecuencias de la inacción del gobierno autonómico.
Por su parte, el diputado Sergio Sayas ha tildado de «hipocresía y cinismo» la posición del Ejecutivo. El representante popular ha subrayado que los miembros del actual Gabinete residen en inmuebles de titularidad estatal de más de 300 metros cuadrados sufragados por los contribuyentes. Según Sayas, el Gobierno ha convertido el acceso a la vivienda en un «privilegio inaccesible» para la mayoría de los españoles desde su llegada al poder.
El debate ha derivado también hacia la gestión presupuestaria del Ministerio. Sayas ha criticado el gasto de 1.500 millones de euros en plataformas de información y la dotación de 13.000 millones de euros a organismos que ha calificado como «chiringuitos» para la colocación de perfiles afines al Partido Socialista. El diputado ha asegurado que, con esa inversión, se podrían haber construido aproximadamente 65.000 viviendas públicas en todo el territorio nacional.
Este intercambio se produce en un contexto de creciente tensión parlamentaria por la política de vivienda, que se ha consolidado como uno de los principales ejes de confrontación entre el Gobierno central y la oposición en las sesiones de control de la Cámara Baja.
