La empresaria Carmen Pano ratifica ante el juez el presunto intento de soborno para proteger al PSOE

La empresaria Carmen Pano ha comparecido este lunes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para ratificar su denuncia sobre una presunta operación de compra de su testimonio. Según fuentes jurídicas, la testigo ha mantenido ante el magistrado que la defensa de Koldo García, ejercida por la letrada Leticia de la Hoz, intentó silenciar las revelaciones sobre la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede central del PSOE en Ferraz.

Durante su declaración en calidad de testigo dentro del denominado ‘caso SEPI’, Pano ha asegurado ser capaz de identificar la «voz grave» del interlocutor que, a través de un sistema de manos libres, habría validado el pago de contraprestaciones económicas. Los indicios de la causa apuntan a que dicha voz podría corresponder al abogado Ismael Oliver, quien en aquel momento dirigía la defensa del exministro José Luis Ábalos. El objetivo de la maniobra, según la compareciente, era garantizar que su testimonio no perjudicara a la cúpula del Partido Socialista.

La testigo ha detallado que las ofertas económicas para modificar su versión ante el Tribunal Supremo oscilaron entre los 50.000 y los 250.000 euros. Además del pago directo, la propuesta presuntamente incluía sufragar los gastos de la boda de su hija, la adquisición de un vehículo valorado en 15.000 euros para su socio y el abono mensual del alquiler de su vivienda familiar por un periodo de hasta siete años. Estos encuentros se habrían producido en un despacho profesional de la calle Serrano de Madrid, aprovechando la situación de asfixia financiera que atravesaba la empresaria debido al bloqueo judicial de sus cuentas.

A cambio de estas prestaciones, se habría solicitado a Pano y a su socio, Álvaro Gallego, que rectificaran sus declaraciones previas. La exigencia consistía en afirmar que las bolsas entregadas en Ferraz no contenían dinero en metálico, sino exclusivamente documentación. De este modo, la responsabilidad de los hechos se desplazaría hacia el empresario Víctor de Aldama, desvinculando al entorno de Koldo García y José Luis Ábalos de cualquier flujo de efectivo irregular en la sede del partido.

La investigación liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la estrategia para comprar testimonios contaba con el conocimiento de ámbitos políticos. Según el sumario, existen indicios de que Ismael Oliver contactó con la dirigente socialista Leire Díez para informarle de la peligrosidad del testimonio de Pano, recibiendo presuntamente el beneplácito para negociar una solución. En las diligencias constan frases atribuidas a los implicados en la trama, tales como «esta se vende, debemos saber comprar».

La operación se habría frustrado cuando Carmen Pano decidió mantener su versión original ante las autoridades, lo que provocó la ruptura abrupta de las comunicaciones por parte de los abogados investigados. La Guardia Civil analiza ahora si estos hechos son constitutivos de presuntos delitos de obstrucción a la justicia y soborno a testigos, al haber intentado blanquear los pagos mediante la simulación de contratos laborales o de intermediación comercial.

Por su parte, la abogada Leticia de la Hoz niega tajantemente las acusaciones y sostiene que la investigación de la UCO carece de respaldo documental directo sobre las grabaciones mencionadas. La defensa argumenta que no existen mensajes de WhatsApp que prueben el soborno y mantiene que fue la propia testigo quien planteó exigencias económicas al ser preguntada por su situación. Asimismo, asegura que no existe constancia en el sumario de intervenciones telefónicas que vinculen directamente su gestión con la de Ismael Oliver en relación con la empresaria.