A diez años de los sucesos de Pamplona que dieron origen al caso judicial conocido como «La Manada», las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior reflejan un incremento sostenido en las agresiones sexuales múltiples en España. Según los registros del gabinete de Seguridad, entre el año 2018 y 2024 se han contabilizado oficialmente 3.737 agresiones sexuales grupales, una cifra que, sumada a las estimaciones de años previos y a los datos de cuerpos policiales autonómicos, situaría el total de la última década en el entorno de las 5.000 agresiones de esta tipología.
El fenómeno, que marcó un punto de inflexión en la legislación española con la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del «solo sí es sí», presenta hoy una tendencia al alza en los balances de criminalidad. Alberto Rodríguez, vocal del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, señala que en los últimos ocho años las violaciones han experimentado un crecimiento del 286%, mientras que el cómputo global de delitos sexuales ha subido un 85%. Según el experto, estas cifras requieren un análisis técnico ante el aumento de dos dígitos que se registra en cada nuevo balance oficial.
Respecto al perfil de los autores de estos delitos, el informe «Violencia sexual ejercida en grupo: Análisis epidemiológico y aspectos criminológicos en España», publicado por el Ministerio del Interior a finales de 2024, aporta datos sobre la nacionalidad de los agresores en los casos donde se dispuso de información detallada. El documento indica que 588 autores, que representan el 43,3%, eran de procedencia extranjera, mientras que 445 autores, el 32,7%, eran de nacionalidad española. En un 24% de los casos analizados no constaba la nacionalidad de los implicados.
El análisis pormenorizado de las nacionalidades extranjeras sitúa a Marruecos con 129 casos (9,5%), seguido de Rumanía con 95 casos (7%) y Ecuador con 55 casos (4%). Expertos consultados señalan una «asimetría mediática» en el tratamiento de estos sucesos dependiendo del perfil de los involucrados. En este sentido, se citan casos como el de Azuqueca de Henares o las agresiones grupales en localidades como Sabadell o Bilbao, que no generaron el mismo nivel de movilización social o repercusión pública que el caso original de 2016 en Pamplona.
Desde el ámbito académico y social, voces como la de la escritora Sonia Sierra advierten sobre la influencia de factores culturales y la necesidad de abordar los porcentajes de incidencia delictiva sin sesgos políticos. Sierra subraya que el enfoque en el relato político ha provocado, en ocasiones, que se obvien realidades estadísticas necesarias para el diseño de políticas públicas de seguridad efectivas que protejan a las mujeres de manera integral.
Por su parte, el Ministerio del Interior atribuye el incremento de las agresiones conocidas a una mayor propensión de las víctimas a denunciar, motivada por la sensibilización social y los cambios normativos recientes. Si bien el Ministerio de Igualdad pone el foco en la pornografía como causa principal del comportamiento de los grupos, Seguridad resalta la importancia de las dinámicas psicológicas grupales y la necesidad de analizar la procedencia de los autores para comprender la evolución del fenómeno criminal en territorio nacional.
La revisión de las condenas tras la entrada en vigor de la ley del «solo sí es sí» también ha formado parte del debate institucional en este décimo aniversario. Paradójicamente, la normativa nacida para endurecer el castigo tras la sentencia de «La Manada» original derivó en una rebaja de penas para dos de los condenados de aquel caso, reduciendo su estancia en prisión de 15 a 14 años, reflejando las complejidades jurídicas que han rodeado a esta materia en la última década.
