Una testigo vincula ante el Tribunal Supremo la compra de un chalet para Ábalos con la concesión de licencias de hidrocarburos
Leonor González Pano, administradora de la sociedad Have Got Time, ha declarado ante el Tribunal Supremo que la adquisición de un chalet en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) constituyó una contraprestación directa para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según el testimonio recabado en sede judicial, la compra del inmueble, valorado en más de 526.000 euros, habría sido orquestada para asegurar la obtención de una licencia de operadora de hidrocarburos por parte del empresario Claudio Rivas.
Durante su comparecencia, González Pano detalló que la operación financiera fue ejecutada por su sociedad en junio de 2021. La testigo insistió en que su papel fue meramente instrumental y que la iniciativa no partió de su entorno familiar, sino que respondió a una estrategia impulsada por Rivas. El objetivo final era poner la vivienda a disposición del entonces ministro para facilitar la tramitación de los permisos que permitirían a la empresa Villafuel operar comercialmente en el mercado de combustibles español.
La declaración confirma que el exministro y su familia hicieron uso de la propiedad durante el periodo estival de 2021, coincidiendo temporalmente con la aprobación administrativa de la licencia mencionada. Según la documentación aportada a la causa, una vez confirmada la concesión del título de operadora, se produjeron comunicaciones internas entre los implicados que vinculaban directamente el éxito de la gestión ministerial con la disponibilidad del inmueble gaditano.
Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a la existencia de un contrato de arrendamiento con opción a compra firmado entre la sociedad propietaria y José Luis Ábalos. El acuerdo establecía una renta mensual de 2.500 euros y una opción de compra ejecutable en un plazo de cinco años. Sin embargo, los informes policiales sugieren que este contrato formaba parte de una estructura diseñada para encubrir la dádiva.
El mecanismo de pago, según fuentes próximas a la investigación, consistía en un circuito circular de fondos. El exministro abonaba presuntamente el alquiler mediante transferencia bancaria; posteriormente, el receptor retiraba el efectivo y lo entregaba a Víctor de Aldama, quien a su vez lo reintegraría al entorno del ministro. Este sistema habría permitido que las cantidades satisfechas en concepto de renta se descontaran del precio final de venta, que ascendía a 665.000 euros, simulando una transacción comercial lícita.
El testimonio de González Pano refuerza las tesis mantenidas por su madre, Carmen Pano, quien anteriormente había señalado la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede central del PSOE por indicación de la trama. La Guardia Civil estima que la organización pudo destinar cerca de un millón de euros en total para influir en decisiones de altos cargos del Gobierno y obtener beneficios en el sector de los hidrocarburos a través de la intermediación del ex titular de Transportes.
Este avance en la instrucción del caso Koldo profundiza en la presunta red de influencias que operaba en el seno del Ministerio de Transportes, situando el chalet de La Alcaidesa como una de las principales evidencias materiales de las contraprestaciones recibidas a cambio de gestiones administrativas favorables para intereses privados.
