Jesús Rodríguez Morán defiende la legalidad de las operaciones en la mina de Cerredo tras el accidente mortal

El empresario minero Jesús Rodríguez Morán, líder del Grupo Cerredo, ha calificado de «extraña» la explosión ocurrida hace más de un año en la explotación de Cerredo, gestionada en aquel momento por la firma Blue Solving. El siniestro, que resultó en el fallecimiento de cinco mineros y causó heridas a otros cuatro, continúa bajo una investigación de la Guardia Civil que el propio empresario considera necesaria para esclarecer los hechos acontecidos en el yacimiento.

Rodríguez Morán, conocido en el sector como «Chus Mirantes», ha defendido la regularidad de las labores que se llevaban a cabo en la mina en el momento del accidente. Según ha manifestado el directivo, la extracción de carbón que se realizaba era una condición operativa necesaria para poder acceder a la maquinaria que la empresa pretendía retirar, asegurando que la compañía contaba con los permisos pertinentes para proceder con dichas maniobras.

Estas declaraciones se producen tras la comparecencia del empresario el pasado 27 de enero ante la comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). En aquella instancia parlamentaria, Rodríguez Morán optó por no responder a las preguntas de los grupos políticos, alegando prudencia legal debido a que el proceso judicial se encontraba —y permanece— en fase de instrucción.

El accidente tuvo lugar el lunes 31 de marzo de 2025 y generó una fuerte conmoción en las comarcas mineras de Asturias y León. A raíz del suceso, las investigaciones técnicas preliminares han cuestionado si la empresa titular, Blue Solving, disponía de las autorizaciones administrativas adecuadas para la extracción comercial de mineral, sugiriendo posibles irregularidades en la actividad real de la explotación durante su fase de cierre.

La derivación judicial del caso incluye imputaciones por presunto homicidio imprudente contra los propietarios de la explotación, entre ellos el propio Jesús Rodríguez Morán. El impacto institucional de la tragedia también alcanzó la esfera política con la dimisión de la entonces consejera de Industria, Belarmina Díaz, y ha reabierto el debate parlamentario sobre los protocolos de seguridad laboral en instalaciones mineras en proceso de reconversión.

Por su parte, el empresario ha insistido en que los trabajadores eran conocedores de la dinámica operativa de la mina, justificando la actividad en la necesidad de mantener el acceso a las galerías. Mientras el proceso judicial avanza, el testimonio de la propiedad se centra en desvincular la gestión administrativa de las causas directas que provocaron la deflagración en el interior del pozo.