Justicia de Chubut investiga fallos institucionales tras la muerte de un menor de cuatro años
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó la intervención y auditoría del Equipo Técnico Interdisciplinario que participó en el proceso de custodia de Ángel, un niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia a causa de múltiples agresiones físicas. La medida busca determinar posibles negligencias en el sistema judicial tras haberse otorgado la guarda a la madre del menor, pese a las advertencias previas de riesgo presentadas por su entorno familiar biológico.
El menor ingresó el pasado 5 de abril al Hospital Regional en paro cardiorrespiratorio. Aunque la versión inicial de la madre y su pareja sugería causas naturales, los informes médicos y la posterior autopsia revelaron un cuadro de maltrato extremo. El informe forense documentó más de 20 traumatismos en la zona craneal, hemorragias internas y un edema cerebral severo compatible con el «síndrome del niño sacudido».
A raíz de estos hallazgos, la justicia dictó la prisión preventiva por seis meses para Mariela Altamirano, madre de la víctima, imputada por homicidio agravado por el vínculo y omisión. Asimismo, su pareja fue detenido bajo el cargo de homicidio simple. La investigación penal intentará establecer si existió un patrón de maltrato prolongado, dado que las lesiones detectadas presentan diferentes estadios de evolución temporal.
El caso ha puesto bajo escrutinio al Juzgado de Familia interviniente. Según consta en el historial de la causa, Ángel residía previamente con su padre, en un entorno descrito como estable. No obstante, una resolución judicial dispuso el traslado del menor a la custodia materna en el marco de un proceso de revinculación. El padre biológico había interpuesto denuncias alertando sobre signos de angustia y maltrato detectados tras las visitas de contacto, advertencias que no derivaron en la suspensión del cambio de guarda.
Ante la gravedad institucional de los hechos, el alto tribunal provincial ha dispuesto recabar pruebas sobre la actuación de todos los organismos implicados, incluyendo juzgados, equipos técnicos y servicios de protección de derechos. El objetivo es identificar si se ignoraron indicios críticos que podrían haber evitado el desenlace. Desde el tribunal se ha exigido la presentación de informes semanales sobre el avance de esta auditoría integral del sistema de protección de menores.
En el ámbito social, la muerte de Ángel ha provocado manifestaciones en Comodoro Rivadavia, donde colectivos sociales exigen una revisión de los criterios de custodia en casos de vulnerabilidad. La defensa del padre biológico ha anunciado el inicio de acciones legales contra el Estado, alegando una omisión de cuidado por parte de los funcionarios responsables de velar por el interés superior del niño, al tiempo que denunciaron intentos de destrucción de pruebas por parte de los ahora imputados.
Este suceso reabre el debate nacional sobre la eficacia de los protocolos de revinculación forzosa y la capacitación de los gabinetes interdisciplinarios para detectar situaciones de violencia doméstica antes de que se produzcan resultados fatales. La auditoría en curso será clave para determinar las responsabilidades administrativas y funcionales dentro del Poder Judicial de la provincia.
