Un jurado popular declara culpables de cohecho a un teniente general retirado de la Guardia Civil y a un empresario
Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado, por unanimidad, un veredicto de culpabilidad contra un teniente general retirado de la Guardia Civil y un empresario en el marco del denominado «caso Cuarteles». El fallo considera acreditado que el mando militar incurrió en un delito de cohecho al favorecer la adjudicación de obras de mejora en diversas instalaciones del Instituto Armado a cambio de beneficios personales y dádivas económicas.
La resolución judicial adquiere una relevancia institucional sin precedentes, ya que se trata del primer oficial con el rango de teniente general en la historia de la Guardia Civil que es juzgado y declarado culpable por delitos relacionados con la corrupción. Según los hechos probados por el jurado, el alto mando aprovechó su posición jerárquica para influir en la contratación de trabajos de mantenimiento en diferentes acuartelamientos, beneficiando directamente a las empresas del coacusado.
Los hechos enjuiciados se circunscriben a los años 2016 y 2017, periodo en el que el oficial desempeñaba el cargo de responsable de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil. Desde esta unidad, con competencias directas sobre la gestión de los recursos económicos del cuerpo, el condenado recomendó a distintas comandancias territoriales la contratación del empresario para la ejecución de obras de impermeabilización y mejora de fachadas mediante el uso de corcho proyectado.
La investigación determinó que las sociedades administradas por el empresario obtuvieron contratos que ascendieron a una cifra cercana a los 1,4 millones de euros durante el ejercicio de 2016. Como contrapartida por estas adjudicaciones, el teniente general recibió diversos agasajos que incluyeron viajes, estancias en establecimientos hoteleros de lujo y entregas de dinero en efectivo. Entre las dádivas detalladas figuran desplazamientos para asistir a las finales de la Champions League de 2016 y 2017, además de pagos en metálico que superarían los 39.000 euros.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha ejercido la acusación popular en este procedimiento junto a la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), ha valorado positivamente el veredicto. La organización ha subrayado la importancia de que la justicia actúe con rigor ante conductas que afectan a la integridad de la institución y a la gestión de los fondos públicos destinados a las infraestructuras del cuerpo.
Tras la lectura del veredicto, el magistrado presidente de la sala deberá dictar la sentencia definitiva. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han solicitado una pena de un año de prisión para cada uno de los acusados por el delito de cohecho. Por su parte, las defensas de los implicados, que durante el proceso habían solicitado la libre absolución, estudiarán posibles recursos una vez se formalice la sentencia condenatoria.
