Un informe interno de Mercasa detecta «aspectos críticos» en un contrato vinculado a la constructora Servinabar
Un informe de cumplimiento normativo de la empresa pública Mercasa ha identificado graves irregularidades en la tramitación de un contrato menor adjudicado en 2021 a la constructora Servinabar. El documento, que ha sido remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, califica como «aspectos críticos» diversos incumplimientos técnicos y administrativos en una adjudicación de 18.119,75 euros (IVA incluido) destinada a la realización de estudios técnicos en la sede central de la entidad en Madrid.
La auditoría interna, integrada en las diligencias que coordina el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, señala que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron meses antes de la apertura formal del expediente y de su posterior adjudicación. Esta circunstancia es descrita en el informe como un «incumplimiento manifiesto de la normativa aplicable» y advierte sobre un «riesgo crítico de vulneración del principio de legalidad» en la gestión de fondos públicos.
Entre las deficiencias detectadas, los auditores subrayan la ausencia de constancia documental sobre la solicitud de tres presupuestos distintos, una práctica recomendada por la normativa interna para asegurar la libre competencia. Asimismo, el informe revela que el expediente fue impulsado por la Dirección de Desarrollo Corporativo, departamento que carecía de competencias asignadas para la supervisión de obras o informes técnicos de la sede, tareas que correspondían orgánicamente a la Dirección Adjunta Técnica y Proyectos.
La investigación administrativa también ha constatado que los entregables presentados por la constructora —dos versiones de un informe técnico con fechas diferentes— carecían de firma y sello oficial. Además, el análisis interno concluye que el estudio técnico por el que se efectuó el pago no llegó a utilizarse finalmente en las obras de reforma realizadas con posterioridad en las oficinas del Paseo de la Habana.
La empresa adjudicataria, Servinabar, se encuentra bajo el foco de los investigadores por sus vínculos con el empresario Antxon Alonso y su relación societaria con el actual secretario general del PSOE, Santos Cerdán, quien ha negado validez jurídica al contrato privado que le vincula con la firma. La UCO investiga si esta adjudicación forma parte de una red de mediación para el reparto de comisiones en la que estarían implicados la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
A pesar de la gravedad de los hallazgos en este expediente concreto, la auditoría interna de Mercasa concluye que se trata de un «hecho singular». Tras revisar la contratación global de la entidad desde el año 2019, los responsables de cumplimiento normativo sostienen que estas irregularidades no responden a una práctica sistemática o reiterada dentro de la gestión de la empresa pública gestora de los mercados de abastos.
El caso permanece bajo supervisión judicial en el marco de una operación más amplia que analiza hasta cinco contratos de empresas relacionadas con el Grupo SEPI. La documentación aportada por Mercasa será clave para determinar si existió un concierto previo para favorecer a determinadas mercantiles a través de la figura del contrato menor, eludiendo así los controles habituales de la licitación pública.
