Las representaciones legales del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de su antiguo asesor, Koldo García Izaguirre, han modificado de forma sustancial su estrategia de defensa ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo tras la renuncia a las declaraciones de cuatro testigos considerados clave. Esta decisión se produce después de varias sesiones en las que los testimonios solicitados por las propias defensas no han resultado favorables a sus intereses procesales, según fuentes jurídicas consultadas en el ámbito del Alto Tribunal.
Entre las comparecencias retiradas en las últimas horas destacan la de Javier Herrero, director general de Carreteras; Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía Nacional; y Alfredo Rodríguez Flores, actual director de Información Autonómica en la Secretaría de Estado de Comunicación y anterior jefe de prensa de Ábalos. Estas renuncias se interpretan en el entorno jurídico como un intento de las defensas por contener los daños derivados de testimonios que, lejos de exculpar a los investigados, han aportado datos que refuerzan las tesis de las acusaciones.
La retirada del testimonio de Rodríguez Flores es especialmente significativa, dado su conocimiento sobre la actividad del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. Fuentes cercanas al proceso sugieren que esta maniobra responde a la percepción de que los testigos vinculados a la estructura actual del Gobierno mantienen una línea de declaración que tiende a delimitar y encapsular las responsabilidades en la figura del exministro y su asesor, desvinculando a otros estamentos del Ejecutivo.
Durante las vistas, el presidente de la sala, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha tenido que intervenir en repetidas ocasiones para apercibir a la letrada Leticia de la Hoz. El tribunal ha señalado el uso constante de «juicios de valor» en lugar de preguntas directas sobre los hechos investigados, lo que ha generado momentos de tensión en la sala, especialmente durante los interrogatorios a testigos que terminaron por comprometer la situación de los acusados.
Uno de los testimonios más gravosos para la defensa fue el de Víctor Francos, exjefe de gabinete de Salvador Illa en Sanidad. Francos confirmó que fue el propio Illa quien le comunicó que «le llamaría Koldo» para gestionar suministros sanitarios. Según su declaración, García Izaguirre se presentó como el intermediario para favorecer la adjudicación de contratos a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama, asegurando que tenía acceso directo a material disponible en un momento crítico de la pandemia.
Asimismo, el testimonio de Manuel Contreras, constructor del Grupo Azvi, también resultó contraproducente para los intereses de Koldo García. Contreras confirmó ante el tribunal que solicitó una reunión con el ministro y fue recibido por García, a quien posteriormente contrató en noviembre de 2023 para prospecciones de negocio en Sudamérica, abonando 25.000 euros por adelantado. La defensa intentó retirar este testimonio una vez iniciado el interrogatorio, pero el tribunal permitió que las acusaciones populares continuaran con sus preguntas.
Finalmente, las declaraciones de altos cargos del Ministerio y de ADIF han incidido en que las decisiones sobre la compra de material sanitario y el volumen de los pedidos se transmitían como «decisiones finales» del ministro. Jesús Manuel Gómez García, subsecretario del Ministerio, ratificó que el asesor de Ábalos instó a duplicar pedidos en cuestión de minutos, bajo el argumento de que el suministrador imponía condiciones de volumen mínimo para proceder con el envío de las mascarillas.
