El ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, ha comparecido este miércoles ante el Tribunal Supremo en la sexta jornada del juicio por el denominado ‘caso Koldo’. Durante su testimonio, el ex alto cargo —destituido tras el estallido de la investigación— ha relatado la relevante influencia que ejercía el comisionista Víctor de Aldama en las dependencias del Ministerio de Transportes, hasta el punto de que los responsables del departamento llegaron a percibirlo como un integrante más de la estructura ministerial y no como un agente externo.
Sánchez Manzanares ha explicado que mantuvo contacto con Aldama con anterioridad a la firma de la primera orden ministerial por parte de José Luis Ábalos, el 20 de marzo de 2020. Según el testigo, el comisionista era el responsable de la logística de los vuelos para el suministro de material sanitario. En este marco, ha detallado cómo una orden inicial para adquirir cuatro millones de mascarillas se duplicó hasta los ocho millones en un intervalo de media hora, después de que Aldama comunicara que disponía de dicha cantidad bajo una condición de exclusividad en la oferta.
La declaración ha coincidido en el tiempo con la de la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, quien también ha testificado en calidad de testigo. Pardo de Vera ha manifestado que la presencia constante de Aldama en el Ministerio le generaba preocupación, al no comprender cuál era su rol funcional ni su vinculación oficial con el departamento de Transportes. Estas afirmaciones refuerzan la tesis de la fiscalía sobre el acceso privilegiado del que gozaba el empresario en el entorno del entonces ministro Ábalos.
En cuanto al procedimiento de adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión, el ex secretario general de Puertos ha reconocido que el Ministerio descartó ofertas económicamente más competitivas. Según los datos analizados en la sesión, existieron propuestas que fijaban un precio de 1,35 euros por mascarilla, frente a los 2,50 euros que finalmente se abonaron a la empresa vinculada a Aldama. Sánchez Manzanares ha justificado estas decisiones aludiendo a la situación de «caos» e «incertidumbre absoluta» que imperaba en los mercados internacionales de suministros médicos durante el inicio de la pandemia.
Asimismo, el testigo ha señalado que las instrucciones para el incremento de la compra partieron de Javier Sánchez Fuentefría, entonces director general de Organización del Ministerio de Transportes. Pese a las dudas que él mismo trasladó internamente sobre la solvencia de la empresa adjudicataria, Sánchez Manzanares ha negado haber recibido presiones directas por parte de Koldo García, antiguo asesor del ministro, limitando su actuación al cumplimiento de las órdenes jerárquicas recibidas en aquel periodo.
El juicio prosigue su curso en la instancia penal para dirimir las responsabilidades en la adjudicación de contratos que superaron los 24 millones de euros. Mientras que José Luis Ábalos y Koldo García afrontan peticiones de penas que alcanzan los 30 años de prisión, las partes han rebajado la solicitud para Víctor de Aldama a siete años, atendiendo a su disposición para colaborar con la administración de justicia en el esclarecimiento de los hechos.
