El juez del caso Koldo ratifica la imputación de Jésica Rodríguez por presunta prevaricación en contratos públicos

El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha confirmado la imputación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en el marco de la investigación relativa al denominado «caso Koldo». El instructor del Juzgado Central de Instrucción número 2 sostiene la citación de Rodríguez como investigada por presuntos delitos de prevaricación y malversación, vinculados a su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

En un auto judicial reciente, el juez Moreno ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa de la investigada, que impugnó su citación alegando una supuesta falta de motivación. El magistrado argumenta que el objeto de la citación permite a la investigada conocer con precisión las razones jurídicas y fácticas por las cuales ha sido llamada a declarar, garantizando así su derecho a la defensa.

Ausencia de contraprestación laboral y enriquecimiento

La instrucción señala indicios de que Rodríguez percibió retribuciones económicas de las mencionadas sociedades estatales sin haber desempeñado, presuntamente, funciones laborales efectivas. Según el magistrado, «es evidente que, sin su conducta», no se habría podido consumar el presunto delito de malversación, al haber recibido emolumentos por trabajos no realizados.

Informes derivados de la investigación principal y referencias de sentencias previas del Tribunal Supremo cifran en 43.978 euros la cantidad total percibida por la investigada durante su periodo contractual en Tragsatec e Ineco. El juez subraya que el cobro de estas cantidades carecería de causa lícita si se confirma la inexistencia de actividad profesional que las justificase.

Rechazo a la excepción de cosa juzgada

La defensa de Rodríguez fundamentó parte de su recurso en que los hechos ya habrían sido objeto de análisis en la pieza juzgada por el Tribunal Supremo, donde se condenó a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por irregularidades en la compra de material sanitario. No obstante, el juez Moreno ha rechazado este argumento de «cosa juzgada».

El instructor aclara en el auto que el procedimiento anterior se limitó a enjuiciar la participación de las personas entonces acusadas y aforadas. En aquel proceso, Jésica Rodríguez compareció únicamente en calidad de testigo, por lo que no se resolvió sobre su responsabilidad penal individual. Por consiguiente, el magistrado concluye que no existe impedimento legal para investigar ahora su conducta de manera específica y autónoma.

Esta decisión judicial mantiene el calendario de diligencias previsto en la Audiencia Nacional para esclarecer las ramificaciones de la red de contratos y presuntos favores institucionales que vertebran el caso Koldo, centrando el foco en esta pieza separada sobre las contrataciones en entes dependientes del Ministerio de Transportes durante la anterior etapa administrativa.