La Comunidad de Madrid denuncia por «chantaje» a un grupo de bomberos forestales en plena campaña de incendios
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha calificado de «inadmisible» la actitud de un grupo de 60 bomberos forestales, a quienes acusa de mantener una estrategia de «chantaje» contra la organización operativa en el marco de la actual emergencia por incendios forestales. Según un comunicado oficial emitido por el Ejecutivo regional, este personal laboral del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) estaría proyectando una imagen distorsionada de los servicios de emergencia de la región.
La administración autonómica ha subrayado que la gestión de siniestros de gran magnitud no puede convertirse en una «herramienta de presión laboral ni de desgaste político». En este sentido, han enfatizado que en situaciones de emergencia nacional no hay margen para actuaciones fuera de la coordinación oficial, recordando que la movilización de recursos debe realizarse con disciplina de mando desde los parques y retenes asignados para garantizar la seguridad de todos los intervinientes.
El núcleo del conflicto radica en que este grupo de trabajadores se encuentra actualmente en las dependencias de la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, en lugar de permanecer en sus bases operativas. Según el Gobierno regional, este personal está desatendiendo el sistema de activación establecido desde hace más de 25 años, a pesar de haber firmado voluntariamente sus contratos y las actas de adjudicación de destinos para la presente campaña de 2024.
Para el equipo liderado por Isabel Díaz Ayuso, presentar esta situación como una «falta de medios» o una negativa de la administración a movilizar efectivos supone una alteración de la realidad que genera «alarma social» en un periodo crítico. El Ejecutivo ha puntualizado que este colectivo representa menos del 1% de un dispositivo global integrado por más de 6.000 profesionales y voluntarios, y ha recordado que se han mantenido numerosas rondas de negociación previas con los afectados.
Finalmente, la Comunidad de Madrid ha anunciado que iniciará un estudio de todas las vías administrativas y jurídicas procedentes para depurar responsabilidades. El objetivo es determinar si estas conductas han comprometido el servicio público, dificultado la actuación de los dispositivos de emergencia o puesto en riesgo la seguridad de la ciudadanía y del patrimonio natural de la región durante el frente de fuego.
