La justicia deniega el archivo del caso «Les Naus» a la espera de diligencias clave
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha rechazado las peticiones de sobreseimiento libre formuladas por las defensas de tres de los investigados en la causa que analiza las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en la Playa de San Juan. Entre las solicitudes denegadas se encuentra la presentada por una arquitecta municipal.
A través de dos autos judiciales, la instructora ha calificado de «prematuras» estas solicitudes de archivo, fundamentando su decisión en que la fase de investigación no ha concluido. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), existen diligencias pendientes de practicar que poseen una «especial e indudable relevancia» para el esclarecimiento de los hechos.
La resolución destaca, de manera singular, que se encuentra pendiente la emisión y aportación a la causa de un informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Esta diligencia es considerada de trascendencia fundamental por su potencial utilidad para la reconstrucción de las actuaciones administrativas y económicas analizadas, así como para la determinación de las responsabilidades penales que pudieran derivarse.
El juzgado sostiene que, al restarse todavía por practicar otras diligencias cuyo resultado es relevante para la valoración conjunta del material probatorio, cualquier pronunciamiento sobre la procedencia de acordar el sobreseimiento debe reputarse improcedente en este estadio procesal.
En la actualidad, la causa judicial mantiene bajo investigación a un total de dieciocho personas. El número de imputados se incrementó tras la incorporación de los miembros de la cúpula de la cooperativa de viviendas de protección pública objeto de la investigación. El proceso busca determinar si existieron anomalías en el sistema de adjudicación de los inmuebles.
El impacto institucional de este caso ha sido significativo, provocando hasta la fecha las dimisiones de la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y de la directora general municipal, además del cese de un funcionario autonómico. Paralelamente a la vía judicial, se han impulsado comisiones de investigación tanto en el Consistorio alicantino como en Les Corts Valencianes para analizar la gestión del proyecto residencial.
