La Aitat prevé que la investigación del accidente de Adamuz supere el plazo de doce meses por su complejidad
El presidente de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (Aitat), Gonzalo Julián Guillén, ha comunicado formalmente que la investigación sobre el descarrilamiento ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, se extenderá más allá del plazo inicial de un año. Según el organismo técnico, el carácter «excepcionalmente complejo» del siniestro, en el que fallecieron 46 personas, impide cumplir con el cronograma previsto originalmente para la entrega del informe final.
En una misiva remitida a la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, el responsable de la Aitat ha detallado que el proceso se encuentra actualmente en una fase de «análisis técnico». Guillén ha justificado la demora por la necesidad de coordinar las actuaciones con el procedimiento judicial, lo que ha requerido trámites específicos para formalizar los encargos de análisis a laboratorios especializados. No obstante, desde la autoridad se asegura que estas gestiones no han supuesto la paralización de las restantes líneas de trabajo.
La Aitat, que comenzó a operar el pasado mes de julio en sustitución de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), subraya en su escrito que la finalidad de esta investigación técnica es determinar las causas del suceso y, en su caso, formular recomendaciones de seguridad para prevenir futuros siniestros. El organismo recalca su carácter independiente y aclara que su función no consiste en determinar culpas ni responsabilidades legales, competencias que corresponden estrictamente al ámbito judicial.
Por su parte, el presidente de la asociación de víctimas, Mario Samper, ha calificado de «inadmisible» la posibilidad de que la investigación se demore sin una fecha definida. Samper ha vinculado este retraso a una supuesta falta de medios humanos y económicos, denunciando que el equipo investigador ha contado únicamente con dos o tres profesionales durante gran parte del proceso. Según el representante de los afectados, la carencia de recursos ya fue puesta de manifiesto ante la anterior dirección de la CIAF sin que se hayan tomado medidas correctoras significativas hasta la fecha.
En cuanto a las recomendaciones de seguridad, la asociación de víctimas ha expresado su malestar ante la ausencia de medidas preventivas inmediatas. Entre las propuestas solicitadas por los afectados se encuentran la implementación de sistemas de detección de rotura de carril, la mejora de la sujeción del equipaje en los vagones para evitar lesiones por impacto y la instalación de cámaras de seguridad en los convoyes. Samper sostiene que algunas de estas recomendaciones ya fueron sugeridas previamente a Adif, pero que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria alega no poder actuar sin un dictamen oficial de la Aitat.
Finalmente, la situación judicial del caso permanece a la espera de que el juzgado ordene el traslado de las piezas del carril siniestrado a los laboratorios correspondientes. Este proceso de análisis pericial podría demorarse un mínimo de seis meses adicionales, lo que condiciona el avance tanto de la instrucción penal como de la resolución técnica que debe emitir la autoridad administrativa independiente.
