El magistrado Rubén Rus Vela, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, ha acordado prorrogar por seis meses adicionales la investigación del denominado ‘caso Montoro’. La decisión judicial atiende a la solicitud de la acusación popular, ejercida por la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada (ADIVE), al considerar que la causa presenta una especial complejidad técnica y procesal que requiere de nuevas diligencias para su esclarecimiento.
La instrucción penal, que se mantiene abierta desde el año 2018 y cuyo secreto de sumario se levantó a principios de 2025, indaga una presunta trama de corrupción vinculada a la consultora Equipo Económico (actualmente Global Afteli). Según los indicios recabados, el despacho fundado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habría intervenido en procesos legislativos para favorecer los intereses de empresas gasísticas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
El juez instructor investiga la posible comisión de delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad documental. La tesis de la investigación sostiene que el despacho habría recibido pagos de entre 670.000 euros y un millón de euros a cambio de promover modificaciones en normativas fiscales, específicamente en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Actividades Económicas durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Hasta la fecha, el juzgado ha tomado declaración a 15 investigados, entre los que se encuentran cinco personas jurídicas y diez físicas. No obstante, solo uno de los citados ha accedido a declarar, mientras que el resto se ha acogido a su derecho constitucional a no hacerlo a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva diversos recursos de apelación. El magistrado tiene previsto citar próximamente a otros 17 investigados y gestionar declaraciones de personas residentes fuera de España mediante Órdenes Europeas de Investigación.
La acusación popular, representada por el letrado Joan Piedrafita, ha manifestado su conformidad con la ampliación del plazo de instrucción. La parte acusadora sostiene que la investigación debe profundizar en el uso de empresas interpuestas y en un presunto fraude que, según sus estimaciones, podría alcanzar los 1.000 millones de euros, calificando los hechos como un perjuicio significativo a los fondos públicos.
Por su parte, la defensa de los investigados y el entorno del exministro defienden la legalidad de las actividades de asesoramiento realizadas por Equipo Económico. Han recurrido tanto la prórroga de la causa como otras diligencias, alegando indefensión y solicitando el archivo de las actuaciones o, de forma subsidiaria, el traslado de la competencia judicial a los juzgados de Madrid, petición que ha sido desestimada por el instructor de Tarragona.
El origen del procedimiento se remonta a un hallazgo casual en 2017 durante un registro de los Mossos d’Esquadra en una empresa tarraconense en el marco de un caso distinto. Actualmente, la instrucción continúa con requerimientos pendientes a entidades bancarias, notarías, registros mercantiles y al Ministerio de Hacienda, con el apoyo de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Agencia Tributaria.
