El Ministerio de Juventud e Infancia denuncia ante la Fiscalía la retirada de ayudas a menores extranjeros en Aragón

El Ministerio de Juventud e Infancia ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores tras la decisión del Gobierno de Aragón de suprimir la asignación económica semanal destinada a los menores extranjeros no acompañados. La medida, impulsada por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, mantiene el pago de estas cuantías para los menores de nacionalidad española que se encuentran bajo la tutela de la administración autonómica.

El departamento dirigido por Sira Rego sostiene que esta resolución establece una diferencia de trato injustificada entre menores bajo una misma protección administrativa en función de su origen nacional. La asignación en cuestión, que asciende a 17 euros semanales por cada menor tutelado, ha sido calificada como «propinas» por el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, quien ha defendido la suspensión de dicho pago para el colectivo inmigrante.

En el oficio remitido al Ministerio Público, el Gobierno central argumenta que la medida podría suponer una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. Concretamente, se apela al artículo 14, que prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza o circunstancia personal, así como al artículo 39, que mandata a los poderes públicos a asegurar la protección integral de la infancia con independencia de su filiación.

La ministra Rego ha manifestado que la iniciativa del Ejecutivo aragonés busca establecer una distinción de derechos entre menores, lo que a su juicio contraviene los principios de igualdad. Según el comunicado ministerial, las entidades públicas que asumen la tutela de menores en situación de desamparo tienen la obligación legal de garantizar su desarrollo y promover su integración sin discriminación, considerando estas asignaciones como una herramienta para fomentar la autonomía y el tránsito a la vida adulta.

Además de la posible vulneración constitucional, el Ministerio de Juventud e Infancia ha trasladado a la Fiscalía la necesidad de investigar si estos hechos constituyen un delito de odio o una desatención del interés superior del menor. El documento solicita que la Justicia despliegue las medidas necesarias para asegurar la plena protección de los niños y adolescentes afectados por el recorte económico en la comunidad autónoma.

Desde el Ministerio se ha reiterado que el sistema de protección a la infancia debe operar bajo estándares de universalidad. Por su parte, la administración aragonesa ha enmarcado esta decisión dentro de sus competencias de gestión de servicios sociales, en un contexto de creciente tensión política sobre la gestión de los flujos migratorios y el reparto de responsabilidades entre el Estado y las comunidades autónomas.