La UCO señala presiones a directivos de la SEPI en el rescate de Tubos Reunidos
Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido a la Audiencia Nacional, detalla presuntas maniobras de presión sobre altos directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para facilitar la concesión de un rescate público de 112,8 millones de euros a la empresa Tubos Reunidos. Según las investigaciones, la trama habría mediado para asegurar la solvencia de la firma industrial vasca a cambio de comisiones que superan los 250.000 euros.
El documento policial sostiene que la red, en la que se identifica la participación de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, habría gestionado el cobro de pagos mensuales de 5.000 euros entre los años 2021 y 2023. Estas cantidades, sumadas a otros abonos en concepto de «agradecimiento», conformaron la cifra total de las gratificaciones percibidas por las gestiones realizadas ante el organismo público para favorecer a la compañía.
Los investigadores basan sus conclusiones en el análisis de mensajes intervenidos donde constan contactos directos con responsables de la entidad estatal. Entre los nombres señalados figuran Rosario Martínez Manzanedo, directora del área de Participadas y responsable de la tramitación de la solicitud, y Miguel Ángel Santiago, director corporativo de la SEPI. Las comunicaciones reflejan consultas específicas sobre el estado del préstamo participativo de 100 millones de euros solicitado inicialmente por la empresa.
El informe de la Guardia Civil también menciona intervenciones con otros cargos directivos, como Miguel Ángel Figueroa y Federico Castaño, este último director de medios hasta octubre de 2021. La UCO acredita que Vicente Fernández mantenía intercambios de información a través de aplicaciones de mensajería convencional y sistemas encriptados para coordinar el avance del expediente administrativo de Tubos Reunidos.
La investigación vincula estas operaciones con el entorno político del Partido Nacionalista Vasco (PNV), subrayando el interés de la formación en la viabilidad de la empresa dada su relevancia industrial en el País Vasco. Según los indicios recabados, la trama habría aprovechado estos vínculos políticos para allanar el camino hacia la aprobación del rescate millonario en un momento de graves dificultades financieras para la sociedad mercantil.
Estas revelaciones se enmarcan en la pieza relativa al denominado ‘caso SEPI’, donde la Audiencia Nacional analiza si existieron irregularidades en la concesión de ayudas públicas procedentes de los fondos destinados a empresas estratégicas afectadas por la crisis sanitaria. El informe añade presión sobre la cúpula del organismo público y sobre diversos cargos vinculados al ámbito de la administración y la gestión industrial.
