Catalá declara ante la justicia que Valencia actuó sin información oficial de otras administraciones durante la DANA
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha testificado ante el juzgado que investiga la gestión de la DANA, donde ha sostenido que el Ayuntamiento operó con una ausencia casi total de avisos políticos y técnicos por parte de las administraciones competentes durante las horas críticas de la emergencia. Según su declaración, el consistorio no recibió alertas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la crecida del Turia ni comunicaciones operativas del Cecopi, lo que obligó a la administración local a actuar en función de la información recabada por sus propios efectivos de bomberos.
En el marco de la reconstrucción de los hechos, Catalá describió el contacto con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como estrictamente institucional y mínimo. La alcaldesa detalló que envió un mensaje de WhatsApp al jefe del Consell a las 23:13 horas para informarle de su presencia en la sala de emergencias municipal, obteniendo como respuesta una frase escueta: «Esto es horrible». Según la regidora, esta comunicación no formó parte de ninguna coordinación operativa ni sirvió para recibir instrucciones sobre la gestión de la catástrofe.
La cronología presentada por la alcaldesa sitúa la activación del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) a las 10:20 horas del día de la emergencia, a pesar de que el municipio se encontraba en fase de preemergencia. Durante la mañana y parte de la tarde, Catalá afirmó que los contactos técnicos con el teléfono 112 trasladaron una situación sin incidencias graves para la ciudad de Valencia. El punto de inflexión se produjo a las 20:04 horas, cuando los bomberos municipales detectaron la entrada de agua en la zona sur, confirmándose la inundación total de la pedanía de La Torre apenas nueve minutos después.
Respecto al sistema de aviso masivo ES-Alert, la alcaldesa confirmó haberlo recibido en su terminal a las 20:11 horas, aunque aseguró que nadie le informó previamente de que se estuviera preparando dicho envío. Durante su comparecencia, Catalá recurrió a fórmulas de incertidumbre sobre las comunicaciones técnicas entre el Cecopal y el Centro de Coordinación de Emergencias autonómico, delegando la responsabilidad de dichas gestiones en los directores operativos de bomberos y admitiendo que, en aquel momento, desconocía quién ostentaba la dirección formal de la emergencia.
La declaración también abordó la falta de avisos de la CHJ. La alcaldesa negó haber recibido alertas oficiales sobre el caudal del río Turia, asegurando que fue el jefe de bomberos municipal quien, desde el terreno, advirtió de que el cauce estaba próximo al desbordamiento. Esta situación llevó al consistorio a contactar con la Delegación del Gobierno y la propia CHJ para solicitar información. «Diría que fuimos nosotros los que alertamos de esa crecida», manifestó la primera edil ante el juez.
Finalmente, la alcaldesa justificó la ausencia de alertas municipales previas a la población por el desbordamiento del barranco del Poyo argumentando que los planes técnicos no calificaban a Valencia como municipio ribereño de dicho cauce. Según explicó, la previsión técnica apuntaba a que las inundaciones afectarían a poblaciones vecinas y zonas de arrozales con desagüe en la Albufera. Una vez confirmada la llegada del agua a los núcleos de población, Catalá defendió la movilización de medios propios, incluyendo el desalojo de Pinedo y el despliegue de autobuses para rescatar a personas atrapadas en vías como la V-30 o la A-3.
