El Tribunal Supremo rechaza suspender la regularización de inmigrantes y evita elevar el caso a la justicia europea

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictaminado la continuidad del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en España, tras desestimar la petición de suspender cautelarmente el Real Decreto del pasado 14 de abril. Asimismo, el alto tribunal ha descartado elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), manteniendo la competencia del proceso bajo el marco normativo nacional vigente.

La decisión se produce después de que, el pasado 30 de junio, el propio tribunal consultara a las partes personadas sobre la conveniencia de trasladar una consulta interpretativa a la justicia comunitaria. El objetivo era determinar si ciertos aspectos de la normativa española podrían entrar en conflicto con el derecho de la Unión Europea. Mientras que la Abogacía del Estado manifestó su oposición a esta medida, los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón —quienes impugnaron la regularización— se mostraron a favor de la intervención del TJUE.

Tras analizar las alegaciones presentadas por las partes, los magistrados han concluido que no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión prejudicial en el actual momento procesal. El tribunal sostiene que el análisis de la legalidad del Real Decreto puede proseguir sin necesidad de una interpretación previa de las autoridades europeas, garantizando así la celeridad del procedimiento judicial en curso.

De forma paralela, el Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución del Real Decreto solicitada por las administraciones autonómicas recurrentes. Con esta negativa, el proceso administrativo de regularización impulsado por el Gobierno de España permanece plenamente operativo mientras se resuelve el fondo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Valencia y Aragón.

Este pronunciamiento judicial supone un respaldo administrativo temporal para el Ejecutivo central, que defiende la adecuación de la medida a la realidad migratoria y jurídica del país. Por su parte, las comunidades recurrentes mantienen sus reservas sobre el impacto y la validez legal del proceso, a la espera de una sentencia definitiva por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que determine si el decreto se ajusta al ordenamiento jurídico superior.