CEOE y Cepyme solicitan aplazar la subida del SMI hasta después de las elecciones generales

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han manifestado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Trabajo de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5,3% para el año 2027. La representación patronal acusa al departamento que dirige Yolanda Díaz de realizar un «uso político» de esta medida a escasos días del inicio de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre, y solicita que la decisión sea adoptada por el Ejecutivo que resulte de las urnas.

La postura de los empresarios se produce tras la reunión mantenida este miércoles con los interlocutores sociales para analizar el informe del comité de expertos sobre el SMI. Según denuncian las patronales, el Ministerio no presentó ninguna propuesta formal durante el encuentro y optó por fijar de manera unilateral el incremento, que situaría la renta mínima en 18.004 euros anuales, comunicando la cifra a través de los medios de comunicación en lugar de en la mesa de negociación.

Ante este escenario, CEOE y Cepyme sostienen que la alternativa más responsable desde el punto de vista institucional es posponer la negociación hasta diciembre. Las organizaciones argumentan que existe margen temporal suficiente para que el Gobierno entrante apruebe la medida antes de que finalice 2026, lo que permitiría contar con indicadores económicos más precisos y un análisis técnico más riguroso para afrontar el actual contexto de incertidumbre.

En el plano económico, la patronal advierte que un incremento del 5,3% fijado sin consenso podría comprometer la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas y de los sectores intensivos en mano de obra. Asimismo, señalan que la medida afectará a la competitividad y a la productividad, además de repercutir en los costes de servicios de cuidados que contratan las familias, los cuales podrían experimentar aumentos por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC).

Finalmente, las organizaciones empresariales han criticado la contradicción de promover subidas salariales en el sector privado mientras el Ejecutivo mantiene congelada la actualización de las tarifas en los contratos públicos. Esta situación, según denuncian, impide a las empresas contratistas de la Administración repercutir el aumento de los costes laborales, perjudicando la estabilidad financiera de las adjudicatarias.

Por todo ello, las patronales han emplazado al futuro Gobierno a retomar el diálogo social a partir de diciembre, reafirmando su compromiso con la mejora de las rentas más bajas siempre que esta sea compatible con el mantenimiento del empleo y el adecuado desarrollo de la negociación colectiva.