La Audiencia Nacional reclama los dispositivos electrónicos de Koldo García y varios empresarios

El magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, ha requerido formalmente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la entrega de las copias de los dispositivos móviles y el material electrónico intervenido a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, y a varios empresarios implicados en la causa conocida como ‘caso Koldo’.

La providencia judicial, a la que ha tenido acceso la prensa, insta a los agentes a aportar los volcados de los terminales de García y del empresario Daniel Sierra. Asimismo, el juez ha reiterado la solicitud para que se entreguen las evidencias obtenidas de Íñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto, directivos de la mercantil Soluciones de Gestión, subrayando el tiempo transcurrido desde que dichos dispositivos fueron incautados sin que hayan sido puestos a disposición del juzgado.

Este requerimiento coincide con el desarrollo de una nueva fase operativa vinculada a una pieza separada y secreta de la investigación. En el marco de estas diligencias, agentes de la UCO han procedido al registro del domicilio del exministro José Luis Ábalos y han realizado un requerimiento de documentación en la sede de Adif. La operación se ha saldado con seis detenciones, entre las que figuran Andrea de la Torre, pareja del exministro, y Cristian Corvillo.

La instrucción mantiene actualmente abiertas diversas líneas de investigación. Aunque el origen de la causa se sitúa en las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria del COVID-19, el magistrado Moreno indaga ahora posibles amaños en procesos de licitación de obra pública. Además, se investigan supuestos pagos en metálico realizados en el entorno del PSOE entre 2017 y 2024, destinados presuntamente a la devolución de gastos anticipados.

Cabe recordar que la rama relativa a la compra de material sanitario ya fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de José Luis Ábalos al inicio del proceso. El alto tribunal dictó penas de 24 años de prisión para el exministro y 19 años para Koldo García. Por su parte, el empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años de cárcel, si bien se le concedió la suspensión del ingreso en prisión supeditada a su colaboración con la administración de justicia.

Con la reclamación de estas pruebas tecnológicas, el Juzgado Central de Instrucción busca profundizar en el análisis de las comunicaciones y archivos que permitan esclarecer el alcance de la red de influencias y las presuntas comisiones irregulares que vertebran el procedimiento judicial.