La gestión administrativa de la crisis migratoria en Ceuta se extenderá hasta principios de 2022

Dos meses después de la entrada masiva de personas en Ceuta, la ciudad autónoma enfrenta un escenario de saturación administrativa que, según previsiones de los agentes desplegados en la zona, demorará la resolución de los expedientes de extranjería al menos seis meses más. El Ministerio del Interior ha fijado el 31 de diciembre como fecha límite para el mando único de gestión de la crisis, coincidiendo con el periodo necesario para tramitar las solicitudes de asilo y los expedientes de acogida de menores que aún permanecen en territorio español.

La discrepancia en las cifras oficiales y el volumen real de migrantes marca el pulso de la situación actual. Mientras que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska cifra en aproximadamente 10.000 las personas que continúan en la ciudad, fuentes policiales sobre el terreno elevan la cifra de expedientes pendientes de completar a cerca de 15.000. De estos, una parte significativa reside en campamentos provisionales o en recursos habitacionales habilitados por el Gobierno, a la espera de que la Policía Nacional procese sus solicitudes de protección internacional.

El principal obstáculo para agilizar estos trámites radica en la insuficiencia de medios técnicos y humanos. A pesar del traslado de los servicios de extranjería al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el Tarajal para descongestionar la Jefatura, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que la infraestructura carece de la dotación necesaria. Con una plantilla actual de 90 agentes dedicados a los triajes, se realizan unos 100 cribados diarios, una cifra que los sindicatos consideran escasa frente al objetivo de 500 diarios necesario para cumplir los plazos previstos por el Ejecutivo.

En cuanto al marco legal, la mayoría de los migrantes ha optado por solicitar protección internacional, un procedimiento que, por ley, establece un plazo máximo de resolución de 12 semanas. No obstante, las fuentes consultadas subrayan que la mayoría de estas peticiones de asilo para ciudadanos marroquíes están siendo denegadas. Hasta la fecha, no se han ejecutado expulsiones por vía administrativa tras el rechazo del asilo; los 316 retornos forzados registrados se han producido exclusivamente bajo orden judicial debido a antecedentes penales o prohibiciones de entrada vigentes.

La situación de los menores de edad representa otro de los frentes críticos. Tras la designación de representantes legales por parte de la ciudad autónoma, la semana pasada comenzaron formalmente los triajes para unos 2.400 menores. De este total, 1.700 han sido filiados recientemente, mientras que el resto corresponde a jóvenes que ya se encontraban en la ciudad con anterioridad a la crisis de julio o bajo tutela directa de recursos estatales.

Ante la posibilidad de nuevos intentos de entrada masiva, el Ministerio del Interior ha reforzado el perímetro fronterizo con un dispositivo de más de 300 agentes antidisturbios, compuesto por efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Si bien la cooperación con las fuerzas de seguridad de Marruecos se mantiene activa en los últimos días, habiendo frenado intentos de asalto menores en la zona de Benzú, el despliegue español busca garantizar la seguridad ante la incertidumbre política y social en el país vecino.