Miles de estudiantes marchan en Santiago contra los recortes en educación del Gobierno de Kast
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) encabezó este miércoles la primera movilización masiva contra la administración del presidente José Antonio Kast. Miles de estudiantes recorrieron las principales calles del centro de Santiago en rechazo al plan de austeridad fiscal y a los recortes presupuestarios anunciados para el sector educativo, marcando el inicio de la presión social estudiantil hacia el Ejecutivo conservador que asumió el poder el pasado 11 de marzo.
El ajuste presupuestario en la cartera de Educación asciende a 197.000 millones de pesos (unos 221 millones de dólares), lo que representa una reducción del 1,3% de sus recursos oficiales. Esta medida se integra en un plan de ajuste estatal más amplio que busca recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses. El Ministerio de Salud es la entidad más afectada por estas políticas, con una disminución de 486 millones de dólares, equivalente al 2,5% de su presupuesto anual.
Desde el ámbito oficial, el presidente Kast sostuvo el pasado lunes ante el Parlamento que estas medidas de austeridad tienen como objetivo mejorar la eficiencia de las políticas públicas y reactivar el crecimiento económico del país. El mandatario admitió que los ajustes podrían causar «dolor» en el corto plazo, aunque reiteró el compromiso de que los derechos sociales y las ayudas directas a la población no se verán afectados por la reestructuración del gasto.
Por su parte, los portavoces de la Confech expresaron su incertidumbre ante la sostenibilidad de la gratuidad universitaria, un derecho consolidado tras las movilizaciones sociales de 2006 y 2011. Angy Morán, representante de la organización y estudiante de la Universidad Mayor, señaló que los recortes carecen de justificación técnica y advirtió que la situación económica chilena difiere de los contextos regionales donde se han aplicado ajustes similares, enfatizando la necesidad de proteger el financiamiento público actual.
La jornada de protesta también sirvió como plataforma de rechazo a la reciente legislación aprobada por el Congreso para combatir la violencia en los establecimientos educacionales. Dicha ley permite la revisión de pertenencias de los estudiantes y contempla sanciones severas, como la prohibición de acceder a beneficios de gratuidad en educación superior durante cinco años para aquellos jóvenes que resulten responsables de delitos cometidos dentro de las aulas.
La movilización contó con el respaldo de organizaciones gremiales y sociales, entre ellas el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora Feminista 8M. A pesar de que la convocatoria transcurrió en su mayor parte de forma pacífica bajo la consigna «la educación pública se defiende», el evento concluyó con enfrentamientos puntuales entre manifestantes y efectivos policiales en los alrededores del centro histórico capitalino.
