La magistrada María Jesús del Barco advierte sobre la «manipulación» de resoluciones para cuestionar la independencia judicial
La juez decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha denunciado el uso de «relatos falsos» y la manipulación de párrafos de sentencias con el objetivo de desvirtuar la labor del Poder Judicial. En un análisis de la actualidad jurídica e institucional, la magistrada ha defendido la independencia de los tribunales frente a lo que califica como ataques coordinados desde sectores del Ejecutivo y del legislativo para deslegitimar investigaciones que afectan al entorno del Gobierno de España.
Del Barco se ha referido específicamente a la sentencia que condena por prevaricación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, señalando que se ha hecho un «uso arbitrario» de los fundamentos jurídicos del fallo para intentar proyectar una imagen de falta de pruebas. Según la magistrada, la resolución es fruto de una valoración exhaustiva de los hechos y ha recordado que el sistema de garantías permite los recursos correspondientes ante el Tribunal Superior de Justicia, pero considera «fuera de recibo» alterar el contenido de lo dictaminado para crear una narrativa política favorable.
En relación con los casos de presunta corrupción que afectan a la anterior cúpula del Ministerio de Transportes, como el denominado ‘caso Koldo’ y la situación del exministro José Luis Ábalos, la presidenta de la APM ha subrayado que la Justicia está actuando con absoluta independencia. Ha calificado los hechos probados como una muestra del uso de estructuras estatales para fines ilícitos, rechazando las tesis de conspiración judicial. Para la magistrada, la condena por delitos de cohecho y organización criminal en piezas relacionadas confirma que el Estado de derecho funciona independientemente de la filiación política de los encausados.
Respecto a la instrucción que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, Del Barco ha tildado de «inadmisible en un Estado de derecho» el acoso personal y profesional que está sufriendo el instructor. La juez decana ha advertido que el discurso del «lawfare» busca presentar a los jueces como actores ideologizados para que la ciudadanía pierda la confianza en el sistema. Asimismo, ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a mostrar una mayor firmeza y rapidez en el amparo a los jueces cuando son objeto de descalificaciones por parte de miembros del Gobierno.
Sobre la situación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las investigaciones relativas a su patrimonio, Del Barco ha señalado que el futuro judicial del antiguo mandatario «no pinta bien» a la luz de las informaciones publicadas y las diligencias en curso. Ha recordado que la ley debe ser igual para todos y que las prerrogativas de cargo no eximen de la obligación de declarar regalos o acreditar la procedencia de bienes, señalando que será el juez instructor quien determine la existencia de posibles delitos fiscales.
Finalmente, la magistrada ha analizado el impacto de la Ley de Amnistía tras el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Del Barco ha pedido evitar lecturas «maximalistas» y ha aclarado que el tribunal europeo no ha validado la ley en su totalidad, sino que ha delimitado las competencias, dejando en manos de los jueces españoles la decisión final sobre qué hechos constituyen violaciones graves de derechos humanos y, por tanto, quedan excluidos de la medida de gracia.
