Persiste brecha estadística en cifras de homicidios en México: Inegi reporta 17% más víctimas que el Gobierno federal

La contabilidad de la violencia en México enfrenta una discrepancia crítica entre las instituciones del Estado. Al cierre del ejercicio 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró 29,488 defunciones por homicidio, una cifra que supera en 5,140 casos a los 24,348 reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta diferencia implica que el reporte oficial del Gobierno federal omitió el 17.43% de los asesinatos ocurridos en el territorio nacional durante dicho periodo.

La divergencia radica en las metodologías de captura de datos. Mientras el SESNSP, dependiente del Poder Ejecutivo, basa sus informes mensuales en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías locales, el Inegi, organismo constitucionalmente autónomo, sustenta sus estadísticas en los certificados de defunción emitidos por médicos legistas, oficialías del registro civil y servicios forenses. Esta brecha técnica se ha profundizado en los últimos años, pasando de una diferencia de 967 casos en 2019 a los más de 5,000 registrados en el último balance anual.

El desfase estadístico incide directamente en la narrativa de seguridad de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el discurso oficial sostiene una reducción del 50% en el promedio diario de asesinatos desde el inicio de su gestión el 1 de octubre de 2024, las cifras definitivas de mortalidad del Inegi muestran una reducción anual más moderada, del 12.11% entre 2024 y 2025. La mandataria ha defendido la validez de los datos del Secretariado, asegurando que reflejan el trabajo diario de las fiscalías y la efectividad de la estrategia basada en inteligencia y atención a las causas.

Especialistas en seguridad advierten que la estadística de homicidios dolosos deja fuera una «zona gris» conformada por el fenómeno de la desaparición administrativa. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumula cerca de 130,000 expedientes vigentes, de los cuales aproximadamente 20,000 se han sumado durante el actual periodo federal. En términos estadísticos, los ciudadanos privados de la libertad cuyo cuerpo no es localizado no se integran a los indicadores de letalidad, lo que podría estar aliviando artificialmente las cifras de homicidio.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, ha señalado que las fiscalías estatales enfrentan incentivos políticos para reclasificar delitos. Según el análisis del organismo, muertes con características de ejecución son registradas frecuentemente como homicidios culposos o bajo categorías ambiguas como «causas por determinar». Asimismo, los restos localizados en fosas clandestinas suelen ser excluidos de los conteos mensuales debido a la dificultad técnica para precisar la fecha del deceso, evitando así su impacto en el periodo administrativo vigente.

La falta de homologación entre las 32 fiscalías del país y la ausencia de auditorías independientes sobre las carpetas de investigación dificultan la consolidación de una cifra única. Esta fragmentación de la información impacta no solo en la percepción pública de la seguridad, sino también en el diseño de políticas públicas y la asignación de recursos presupuestarios, al basarse en diagnósticos que podrían subestimar la verdadera magnitud de la violencia criminal en las distintas regiones de México.

Finalmente, la brecha de 5,140 homicidios que aparecen en actas de defunción pero no en reportes policiales plantea un desafío para la procuración de justicia. De acuerdo con analistas del sector, aquellos casos que no figuran en los registros de las fiscalías carecen de una investigación activa, lo que perpetúa los niveles de impunidad al no existir un proceso judicial orientado a sancionar a los responsables de dichas muertes violentas.