Compromís amplía ante Fiscalía la denuncia contra el equipo de gobierno de Valencia por presunta prevaricación
La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, ha formalizado este miércoles la ampliación de la denuncia presentada el pasado mes de febrero ante la Fiscalía Anticorrupción. La coalición solicita formalmente que se incluya en la investigación al concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano, al considerarlo pieza clave en la presunta recolocación irregular de empleados públicos procedentes del Consorcio Valencia 2007.
Esta acción jurídica se produce tras confirmarse que el Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao. El procedimiento afecta igualmente a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, junto a cuatro trabajadores públicos, por un supuesto delito de prevaricación administrativa en la gestión de los recursos humanos de la entidad.
La nueva documentación aportada por Compromís se sustenta en dos pilares: una serie de audios de Marí Olano difundidos recientemente y el acta oficial del pleno municipal celebrado el 25 de septiembre de 2024. Según la formación denunciante, estos elementos demostrarían que la operación de recolocación fue diseñada previamente a los debates plenarios, contradiciendo la versión oficial del ejecutivo local.
En su comparecencia, Robles ha señalado que las grabaciones sugieren un intento de poner plazas a disposición en la empresa pública de urbanismo Aumsa, dependiente de la Concejalía de Urbanismo. Según la portavoz, dicha entidad se habría negado a participar en la operación, a diferencia de otros departamentos municipales donde las convocatorias objeto de denuncia se consumaron el pasado mes de abril.
Desde la coalición sostienen que el equipo de gobierno ha intentado justificar estas contrataciones de manera retrospectiva a través de mociones en el pleno, cuando el proceso ya estaba avanzado. Compromís argumenta que existía un acta notarial previa que ya advertía sobre la posible irregularidad de los nombramientos, calificando la situación de «clientelismo» y criticando el modelo de gestión aplicado en la Marina de Valencia.
Por su parte, el Gobierno municipal ha defendido la legalidad de los procedimientos y se ha remitido en diversas ocasiones a los informes de la Secretaría General para rechazar las mociones de la oposición. El ejecutivo mantiene que su actuación responde a la necesidad de resolver la situación laboral de los antiguos trabajadores del Consorcio tras su disolución, ajustándose a la normativa vigente.
Finalmente, el grupo municipal de Compromís ha anunciado que presentará una moción para la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento. El objetivo de esta iniciativa es dar transparencia a los procesos de contratación y determinar si se utilizaron instituciones públicas para favorecer a personas específicas mediante designaciones directas, eludiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
