El Tribunal Constitucional fijará una doctrina «clara y contundente» sobre la amnistía a la malversación
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado que el Pleno de la corte de garantías establecerá una doctrina «clara, precisa y contundente» respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación. Esta decisión, prevista para la próxima semana, resolverá los recursos de amparo interpuestos por diversos líderes del ‘procés’ tras la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la medida de gracia a este tipo penal específico.
Durante su intervención en un desayuno informativo celebrado este jueves en Madrid, Conde-Pumpido subrayó que el objetivo del tribunal es facilitar la ejecución del fallo por parte del Tribunal Supremo. Según explicó, la propia instancia superior ha manifestado con anterioridad que tendría en consideración los criterios del Constitucional siempre que estos fueran definidos de forma inequívoca. Por ello, el órgano de garantías busca evitar ambigüedades en un pronunciamiento que afecta directamente a la interpretación de los derechos fundamentales.
La deliberación se centrará inicialmente en los recursos presentados por los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa. Ambos expedientes cuentan con ponencias que proponen la estimación del amparo, elaboradas por los magistrados José María Macías y el propio Conde-Pumpido, respectivamente. De confirmarse este sentido en la votación del Pleno, se abriría el camino jurídico para anular las resoluciones del Supremo que excluyeron la malversación del ámbito de aplicación de la amnistía por considerar que existió beneficio patrimonial.
El presidente del TC recordó que, al estar involucrados derechos fundamentales, la legislación vigente establece que estas sentencias deben ejecutarse de forma «preferente y urgente». Una vez que los fallos sean formalmente aprobados, el tribunal comunicará «a la mayor brevedad» posible la decisión a las partes y al órgano encargado de su ejecución. No obstante, Conde-Pumpido eludió vaticinar el tiempo que tardará el Supremo en dar cumplimiento a la resolución, señalando que dicha competencia corresponde exclusivamente al Alto Tribunal.
La fijación de esta doctrina tendrá repercusiones directas sobre la situación procesal de otros encausados, incluido el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig. Una vez que las sentencias del Constitucional sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el juez instructor Pablo Llarena deberá decidir si actúa de oficio o a instancia de las defensas para retirar las órdenes de detención y aplicar la amnistía a la malversación, siguiendo el criterio que emane de la corte de garantías.
