El Tribunal Constitucional ratifica la exclusión del censo electoral de los beneficiarios de la ‘ley de nietos’
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo, confirmando que los ciudadanos nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática no podrán participar de forma generalizada en las elecciones del próximo 29 de noviembre. La decisión judicial mantiene la suspensión del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para este colectivo, permitiendo únicamente el voto a aquellos que acrediten documentalmente que sus antecesores sufrieron exilio político, tal y como estableció el Tribunal Supremo el pasado septiembre.
Esta resolución judicial incide directamente sobre un universo de aproximadamente 163.020 personas afectadas por la paralización del censo. El auto del Tribunal Supremo, ahora respaldado por el rechazo del Constitucional al amparo, obliga a los consulados a realizar una criba individualizada de los expedientes. Solo los descendientes que aporten pruebas fehacientes del exilio de sus padres o abuelos podrán ser inscritos legalmente para ejercer su derecho al sufragio en los comicios generales.
La implementación de esta medida ha generado un escenario de saturación en la red consular española. Según han trasladado diversos consulados generales al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, existe una carencia de herramientas informáticas adecuadas para procesar la documentación. A pesar de que el departamento dirigido por José Manuel Albares se comprometió a habilitar una aplicación específica en un plazo de dos a cinco semanas, los diplomáticos denuncian el incumplimiento de este compromiso y la falta de conexión entre los sistemas de Exteriores y la plataforma DICIREG del Ministerio de Justicia.
En la actualidad, las legaciones diplomáticas están gestionando la información mediante el envío de archivos de cálculo manuales a una plataforma en la nube, lo que dificulta el cotejo de datos con la Oficina del Censo. La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), mayoritaria en el sector, ha calificado la situación de «inexplicable», señalando que la falta de digitalización de los expedientes previos a 2025 y el funcionamiento parcial del Escritorio Unificado de Tramitación Consular (EUdT) —proyecto financiado con fondos europeos— han lastrado la capacidad de respuesta de la Administración.
La incertidumbre se extiende también a los plazos administrativos, ya que los cónsules no disponen de una fecha límite clara para finalizar la revisión de las pruebas de exilio. Mientras delegaciones como la de Rosario, en Argentina, han procesado ya más de 50.000 expedientes, la mayor parte de la red consular opera bajo una «indefinición» que, según fuentes del sector, compromete la seguridad jurídica del proceso. El futuro de la instrucción que permitió estas nacionalizaciones queda ahora supeditado a la sentencia definitiva que debe dictar el Tribunal Supremo.
Desde el ámbito diplomático se advierte de que la actual parálisis administrativa deja en una situación de vulnerabilidad a miles de nuevos ciudadanos españoles que, a pesar de poseer su pasaporte, no verán reconocido su derecho al voto en la próxima cita electoral. La decisión del Tribunal Constitucional refuerza la obligatoriedad de cumplir escrupulosamente con la validación documental de los descendientes de exiliados, extremando la vigilancia sobre los requisitos legales establecidos en la Ley de Memoria Democrática.
