La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento oficial de infracción contra el Reino de España al considerar que el sistema de registro de viajeros, regulado mediante el Real Decreto 933/2021, vulnera la normativa comunitaria relativa a la protección de datos personales. El expediente se ha activado mediante el envío de una carta de emplazamiento al Gobierno central, otorgando un plazo de dos meses para la adopción de medidas correctoras antes de que el proceso pueda derivar en un dictamen motivado o en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En paralelo a la acción de Bruselas, una resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad emitida bajo el amparo de la Ley de Transparencia ha desvelado que el desarrollo de la plataforma tecnológica asociada a este registro ha supuesto un coste de 571.000 euros para las arcas públicas. Según detalla el documento oficial, el sistema fue diseñado utilizando recursos propios de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio del Interior, motivo por el cual no existió un proceso de licitación pública externa.
La cuantía de 571.000 euros engloba los gastos relativos a licencias, desarrollos técnicos y labores de mantenimiento acumulados hasta la fecha. Hasta el momento, el sistema ha integrado un total de 165.432 establecimientos y entidades, que incluyen hoteles, apartamentos turísticos, campings y agencias de alquiler de vehículos. Los datos actualizados reflejan la magnitud del tratamiento de información: la plataforma ya ha registrado 8.974.022 entradas de pernoctaciones y 6.546.172 registros de alquileres de vehículos.
La normativa que sustenta este registro ha generado un intenso debate entre la Administración y el sector privado. Organizaciones como la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) han manifestado reiteradamente su oposición al Real Decreto, argumentando que las obligaciones de comunicación de datos impuestas son incompatibles con el derecho europeo y suponen una carga administrativa desproporcionada para los operadores turísticos.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha defendido la implantación de esta herramienta como una medida indispensable para el refuerzo de la seguridad pública. El Gobierno sostiene que la centralización de la información sobre hospedajes y movilidad facilita la capacidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, modernizando procedimientos de control que anteriormente se realizaban de forma fragmentada o mediante sistemas menos eficientes.
La resolución de este expediente de infracción marcará el futuro de la gestión de datos turísticos en España, en un contexto donde el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales a la privacidad se encuentra bajo el escrutinio de las instituciones de la Unión Europea.
