Una misión de la Unión Europea evaluará en octubre la gestión institucional de las inundaciones en Valencia
El Parlamento Europeo enviará el próximo mes de octubre una misión especial a la Comunidad Valenciana coincidiendo con el segundo aniversario de las inundaciones que afectaron al litoral. El objetivo de este desplazamiento oficial es analizar la gestión realizada por las autoridades competentes, evaluar posibles deficiencias institucionales y auditar la ejecución de los fondos de recuperación destinados a paliar los efectos de la catástrofe.
La iniciativa, impulsada por el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) a través de los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, solicita formalmente la comparecencia de los principales responsables del Gobierno de España. Entre los nombres propuestos para informar a la delegación figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, quien ostentaba la cartera de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el momento del desastre.
El escrutinio solicitado por los parlamentarios busca esclarecer la coordinación entre la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana durante las fases críticas de la emergencia. Según la propuesta técnica, la misión examinará el despliegue de los recursos estatales sobre el terreno y la dirección política en la ejecución de los planes de reconstrucción, con especial atención al uso de los 946 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
Además del jefe del Ejecutivo, la petición contempla citar a los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior), Óscar Puente (Transportes y Movilidad Sostenible), Margarita Robles (Defensa) y Sara Aagesen. En el caso de Teresa Ribera, los eurodiputados han señalado la necesidad de que responda por las directrices impartidas a los organismos de cuenca bajo su mandato en aquel periodo, específicamente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), así como por el estado de las inversiones de prevención en el barranco del Poyo.
La misión especial fue aprobada inicialmente el pasado mes de febrero tras una petición de la delegación española de ECR, que contó con el respaldo del Partido Popular Europeo (PPE) y Patriotas por Europa. Se prevé que la ratificación final de la agenda de comparecencias y el calendario de trabajo se resuelva mediante una votación a principios del próximo mes de julio.
Durante su estancia en la zona afectada, los miembros de la delegación mantendrán encuentros de trabajo con asociaciones de víctimas y comunidades locales. Asimismo, se han programado reuniones técnicas con la Confederación Hidrográfica del Júcar y representantes de la empresa pública Tragsa, que actúa como brazo operativo del Estado, con el fin de evaluar las limitaciones logísticas y los requisitos técnicos para la mejora de los protocolos de emergencia.
La auditoría europea pretende verificar si los instrumentos de solidaridad y recuperación de la UE se están aplicando de manera eficaz y si los marcos institucionales de respuesta a desastres han incorporado las lecciones necesarias para garantizar la resiliencia ante futuros fenómenos meteorológicos extremos.
