Ceuta declara la situación de emergencia ante el colapso de sus centros por la llegada masiva de migrantes
La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa una crisis migratoria sin precedentes recientes que ha derivado en un «colapso generalizado» de sus servicios de acogida y seguridad. Según datos de la Delegación del Gobierno, en la última semana se han registrado 1.500 entradas irregulares, principalmente de ciudadanos marroquíes y argelinos que acceden a territorio español a nado desde las costas de Marruecos. Esta situación ha llevado a las autoridades locales y estatales a declarar formalmente el estado de emergencia migratoria ante la imposibilidad de gestionar el volumen de llegadas con los recursos ordinarios.
El flujo de personas, conocido técnicamente como el fenómeno de los «nadadores», se ha intensificado de forma drástica en el último mes. Fuentes de la Guardia Civil comparan la magnitud actual con la crisis de mayo de 2021, advirtiendo que los centros de acogida, incluido el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y las instalaciones para menores, han superado ampliamente su capacidad máxima. Las estimaciones de las fuerzas de seguridad sugieren que, de mantenerse el ritmo actual, la cifra de llegadas podría alcanzar las 5.000 personas al cierre de julio.
El incremento en la presión migratoria coincide con un cambio en el marco jurídico operativo. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, fechada el pasado 8 de julio, prohíbe las denominadas «devoluciones en caliente» para quienes acceden por vía marítima. El Alto Tribunal ha determinado que el concepto de rechazo en frontera no es aplicable a los nadadores, al no existir un elemento de contención físico, como una valla, que sea superado. Esta resolución judicial obliga a las fuerzas de seguridad a tramitar cada caso individualmente, garantizando asistencia letrada y el derecho a solicitar protección internacional, lo que ha saturado las dependencias policiales.
Ante esta coyuntura, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno de España una acción «contundente y sin dilación». En un comunicado conjunto tras una reunión de urgencia, la Delegación del Gobierno y la administración local admitieron el agotamiento del sistema de protección de menores. Por su parte, el Ministerio del Interior trabaja en agilizar los traslados de inmigrantes hacia la Península para aliviar la congestión en Ceuta, aunque fuentes gubernamentales recalcan que no existen «soluciones mágicas» inmediatas para una crisis de esta envergadura.
Las asociaciones de la Guardia Civil han expresado su preocupación por la falta de medios y la sobrecarga de trabajo de unidades como el Servicio Marítimo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Los agentes denuncian que la inacción normativa del Ejecutivo ha impedido adaptar la Ley de Extranjería a la nueva realidad jurídica marcada por el Supremo. Critican que la reciente reforma de dicha ley se centró en el reparto obligatorio de menores entre comunidades autónomas, pero omitió regular de forma expresa el régimen de devoluciones en el mar para evitar el vacío legal actual.
Finalmente, la vigilancia en la zona se ve dificultada por condiciones meteorológicas como la niebla persistente, que permite a los migrantes aproximarse a la costa sin ser detectados por los radares. Aunque existe colaboración con las autoridades de Marruecos, los operativos españoles asumen actualmente la mayor parte del peso de los rescates y las interceptaciones, en un escenario que las fuentes de inteligencia desvinculan, por el momento, de las relaciones diplomáticas de alto nivel con los países del Magreb.
