La gestión sanitaria en la ciudad autónoma de Ceuta ha generado una disparidad de valoraciones entre el Ministerio de Sanidad y los colectivos profesionales sobre el terreno. Mientras la ministra Mónica García niega la existencia de un colapso asistencial, el Colegio de Médicos de Ceuta y diversas organizaciones sindicales alertan de una crisis sin precedentes tras el incremento de la presión migratoria en la zona. Los profesionales sanitarios han solicitado formalmente la declaración de una emergencia sanitaria ante la dificultad de contener diversos brotes infectocontagiosos.
El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha calificado la situación actual como una coyuntura de extrema gravedad, instando a las autoridades a implementar un mando único y refuerzos externos. Según el colectivo médico, la atención primaria y hospitalaria se enfrenta a casos de sarampión, sarna, impétigo y cuadros de gastroenteritis por E. coli. La principal preocupación de los facultativos radica en la pérdida de control epidemiológico, debido a que muchos de los pacientes tratados regresan a asentamientos o se dispersan por la ciudad tras recibir el alta médica.
Desde el Ministerio de Sanidad se mantiene una postura de rechazo ante estas afirmaciones. La ministra García ha defendido la solvencia del sistema y ha atribuido las denuncias de saturación a una campaña de desinformación. Sin embargo, fuentes sindicales del sector acusan al departamento de manejar las estadísticas de ocupación de forma interesada. Según estas organizaciones, la disponibilidad de camas hospitalarias se ve limitada por la necesidad de aislar a pacientes con enfermedades infecciosas, lo que inhabilita plazas colindantes que oficialmente constan como libres.
La tensión institucional se ha visto acrecentada tras la difusión de una circular interna de la gerencia del Hospital de Ceuta, organismo dependiente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). En dicho documento se solicita el apoyo de facultativos voluntarios para cubrir turnos en el servicio de Urgencias debido a la situación migratoria actual. Para los representantes de los trabajadores, esta petición de voluntarios constituye una prueba fehaciente de la carencia de recursos humanos para afrontar la carga asistencial extraordinaria.
Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) han denunciado presiones administrativas hacia los profesionales que han manifestado públicamente sus quejas. Los sindicatos han rechazado las acusaciones de xenofobia vertidas contra el personal, defendiendo que sus advertencias se fundamentan estrictamente en criterios técnicos y de salud pública. La CESM ha anunciado la posibilidad de emprender acciones legales si se confirman represalias laborales contra los médicos que denuncian las deficiencias del servicio.
El conflicto se mantiene abierto a la espera de que el Ingesa o el Ministerio de Sanidad evalúen la implantación de medidas de refuerzo estables. Mientras tanto, los profesionales de enfermería y medicina en Ceuta insisten en que la situación requiere de un tratamiento de emergencia nacional para garantizar tanto la seguridad de los pacientes como la protección de la salud pública en la ciudad autónoma.
