El Departamento de Seguridad Nacional afronta una crisis interna tras el cese de su responsable de comunicación

El Departamento de Seguridad Nacional (DSN), organismo dependiente de la Presidencia del Gobierno, atraviesa una situación de inestabilidad interna tras la destitución fulminante de la funcionaria civil responsable de sus redes sociales y página web. El cese se produjo el pasado viernes, después de que el organismo publicara una alerta oficial que cifraba en 49.000 las entradas irregulares de ciudadanos marroquíes en Ceuta a través del espigón del Tarajal, un dato que generó malestar en la cúpula de la Moncloa y en el Ministerio del Interior.

La funcionaria afectada, que desempeñaba estas funciones desde 2018 y contaba con una trayectoria de casi dos décadas vinculada a la seguridad y la defensa, fue informada de su cese por vía telefónica mientras se encontraba en su periodo vacacional. Según fuentes conocedoras del proceso, la decisión fue impulsada por el director de Gabinete de la Presidencia, Diego Rubio, ante la disconformidad con la difusión pública de una cifra que, aunque posteriormente fue superada por los datos oficiales del Ministerio del Interior, supuso el primer reconocimiento gubernamental de la magnitud de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

La publicación que motivó el cese indicaba que más de 49.000 personas habían accedido a Ceuta en un periodo de 24 horas, calificando la situación como la mayor crisis migratoria registrada en la ciudad desde mayo de 2021. Pese a que medios de comunicación internacionales ya habían adelantado cifras similares, la validación del dato por parte del DSN otorgó carácter institucional a la información, lo que habría provocado tensiones con el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, quien este martes elevó la cifra definitiva de entradas a 72.000 personas.

En el ámbito operativo, la salida de la responsable ha provocado un vacío en la gestión de la comunicación pública del organismo. La actual directora del DSN, la general Loreto Hurtado, se ha encontrado con la negativa de los subordinados del departamento a asumir las competencias de gestión de redes sociales y actualización web. Como consecuencia, los canales oficiales de información de Seguridad Nacional permanecen inactivos desde el pasado 31 de julio, fecha en la que se hizo efectivo el cese.

Dentro del organismo, que cuenta con una plantilla de casi un centenar de personas entre civiles y militares, el clima es de profundo malestar. Diversas fuentes internas señalan que el procedimiento utilizado para la destitución se aparta de la praxis habitual en la administración de Presidencia, donde generalmente se concede un margen de tiempo para que el personal de confianza encuentre un nuevo destino antes de abandonar el complejo de la Moncloa. En este caso, la funcionaria dispuso de un plazo de 72 horas para retirar sus pertenencias personales.

La controversia ha alcanzado el plano parlamentario. El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados registró este martes una solicitud de comparecencia para que Diego Rubio, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, informe ante la Comisión de Seguridad Nacional sobre los motivos y las circunstancias de la destitución. La oposición busca esclarecer si el cese responde a criterios técnicos o si se trata de una medida disciplinaria por la difusión de datos que resultaron inconvenientes para la estrategia de comunicación del Ejecutivo durante la crisis en Ceuta.