Vox impulsa la eliminación de la cita previa obligatoria en sus áreas de gobierno autonómico

La formación política Vox ha coordinado una estrategia común en las comunidades autónomas donde forma parte del Ejecutivo —Aragón, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad Valenciana— para suprimir la obligatoriedad de la cita previa en la Administración. Esta medida, enmarcada en su plan de «desregulación integral», se aplicará de forma inicial en las áreas gestionadas directamente por el partido, con el objetivo declarado de reducir las cargas burocráticas y facilitar el acceso presencial de los ciudadanos a los servicios públicos.

La hoja de ruta fue perfilada en una reunión que mantuvo la dirección del partido con sus vicepresidentes autonómicos. Según fuentes de la formación, la iniciativa busca revertir la tendencia consolidada durante la pandemia de exigir una cita previa como requisito indispensable para cualquier trámite administrativo. Vox sostiene que la Administración debe estar al servicio del administrado, permitiendo que cualquier ciudadano sea atendido de forma presencial aunque no cuente con una reserva horaria previa, sin perjuicio de que esta opción siga existiendo de forma voluntaria.

En el caso de Aragón, la medida ha generado debate interno en el Gobierno de coalición. Tras un anuncio inicial del vicepresidente Alejandro Nolasco sobre la extensión de la medida a todos los departamentos, la formación ha aclarado que, por el momento, la supresión de la obligatoriedad se circunscribe a las competencias propias de su vicepresidencia y de las consejerías bajo su mando, como Servicios Sociales y Familia. En estos departamentos, los ciudadanos ya pueden realizar trámites como la obtención de títulos de familia numerosa o el registro de parejas de hecho sin necesidad de cita previa.

La implantación de este modelo se está llevando a cabo de manera progresiva. En regiones como Extremadura y Castilla y León, las vicepresidencias y áreas de desregulación están analizando la viabilidad técnica para extender esta práctica al resto de los departamentos gubernamentales. No obstante, la competencia actual de Vox se limita a sus áreas delegadas, por lo que la aplicación en consejerías gestionadas por el Partido Popular, como Sanidad o Hacienda, dependerá de la negociación y el consenso entre los socios de gobierno.

El programa de desregulación nacional de la formación, presentado el pasado mes de junio, aboga por una revisión profunda de los procesos administrativos. Vox argumenta que la digitalización y la cita previa no deben convertirse en barreras que «escondan» a la Administración de los ciudadanos, especialmente de aquellos afectados por la brecha digital. La formación prevé realizar estudios de impacto en los próximos meses para evaluar si esta mayor agilidad en la atención presencial mejora la eficiencia del servicio público.

A nivel institucional, la medida se presenta como el primer paso de un plan más ambicioso que busca la simplificación normativa y la reducción del tamaño del Estado. Aunque la aplicación actual es limitada debido al reparto de competencias en los gobiernos de coalición, la formación ha manifestado su intención de que la eliminación de la cita previa obligatoria sea un eje central en su acción política allí donde tengan responsabilidades de gestión, bajo el principio de «prioridad nacional» y servicio directo al ciudadano.