La reconocida actriz Cristina Castaño ha manifestado públicamente su descontento ante las dificultades técnicas y administrativas para obtener una cita previa en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). A través de sus perfiles en redes sociales, la intérprete ha calificado de «absoluta vergüenza» la imposibilidad de acceder a los trámites necesarios para gestionar sus prestaciones, poniendo el foco en las carencias del sistema de digitalización de la administración pública.
La situación, expuesta durante el mes de agosto, se originó cuando Castaño intentó sin éxito concertar un encuentro con el organismo oficial durante varios días consecutivos. Según el testimonio de la actriz, tras solicitar asistencia a través de canales digitales, la respuesta obtenida no resolvió la incidencia técnica que impedía la formalización de la cita, lo que motivó una crítica contundente sobre la eficacia y accesibilidad del servicio.
En sus comunicaciones, Castaño subrayó que el ejercicio de un derecho ciudadano, como es el acceso a las prestaciones correspondientes, no debería verse obstaculizado por un sistema informático que se presume simplificado. «No es normal que el derecho a prestación se vea impedido por un sistema que se supone informatizado y sencillo, pero al que es, a la vista de los comentarios, imposible acceder para la gran mayoría», señaló la intérprete en la red social X.
El caso de la actriz gallega pone de relieve la realidad del sector de las artes escénicas y audiovisuales en España, caracterizado por una elevada intermitencia laboral. A pesar de contar con una trayectoria consolidada en producciones de éxito masivo, los profesionales del ámbito cultural dependen con frecuencia de los mecanismos de protección del SEPE durante los periodos de inactividad entre proyectos cinematográficos, televisivos o teatrales.
Cristina Castaño, con una carrera que abarca más de dos décadas en la industria del entretenimiento, ha protagonizado recientemente series de relevancia internacional y formatos de gran audiencia. Su denuncia pública ha generado una notable repercusión, sumándose a las quejas recurrentes de otros usuarios sobre la saturación del sistema de atención ciudadana y las barreras burocráticas que persisten en la administración electrónica estatal.
