El Govern de la Generalitat impulsará el catalán como mérito en el proceso de regularización de inmigrantes

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, encabezado por Salvador Illa, ha iniciado los trabajos para integrar el conocimiento de la lengua catalana como un elemento de incentivo en el proceso de regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros y en la renovación de sus permisos de residencia. Esta medida se ampara en el reciente decreto aprobado por el Ejecutivo central, que permite a las comunidades autónomas con lengua cooficial vincular el conocimiento del idioma local a la primera renovación de la autorización de residencia, aunque sin carácter obligatorio.

La administración autonómica prevé que entre 120.000 y 150.000 personas puedan beneficiarse de este proceso de regularización en el territorio catalán. Para articular la propuesta, el Govern ha activado una mesa de coordinación técnica y jurídica en la que participan tres departamentos: Política Lingüística, Derechos Sociales, e Igualdad y Feminismos. El objetivo principal es desplegar una normativa propia que permita acreditar el conocimiento del catalán como una muestra de arraigo social y facilitar el acceso a recursos formativos para este colectivo.

El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha defendido que la integración de las personas migrantes es «fundamental» para la cohesión social y económica. Según el Ejecutivo autonómico, la intención es «acompañar» el proceso estatal con un refuerzo de los recursos destinados al aprendizaje de la lengua, permitiendo que los solicitantes puedan acreditar sus conocimientos como un mérito en su expediente administrativo. Dalmau subrayó que la finalidad es facilitar que estas personas puedan contribuir activamente al sistema de bienestar y a la convivencia ciudadana.

A pesar de la acogida positiva por parte del Govern, la medida ha generado críticas en diversos sectores políticos y sociales. Junts per Catalunya ha manifestado su disconformidad al considerar que el decreto estatal es insuficiente, criticando que el conocimiento del catalán no se haya establecido como un requisito de obligado cumplimiento para obtener o renovar la residencia. La formación ha sugerido incluso la posibilidad de elevar una queja ante las instituciones de la Unión Europea al entender que el marco normativo actual no protege suficientemente la especificidad lingüística de Cataluña.

En una línea similar se han pronunciado entidades de defensa de la lengua, como Plataforma per la Llengua, que califican el decreto de «vía excepcional». Estas organizaciones lamentan que, en los casos en que los solicitantes ya dispongan de un contrato de trabajo, no sea preceptivo acreditar ningún nivel de conocimiento de catalán. Asimismo, han señalado deficiencias técnicas en la administración central, como la falta de disponibilidad de los formularios de renovación en lengua catalana en la plataforma web del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones.

El plan del Govern contempla ahora el diseño de una oferta ampliada de cursos de lengua y la definición de los mecanismos de acreditación que se utilizarán para que los inmigrantes puedan certificar su nivel de catalán ante las autoridades competentes. Con este movimiento, el Ejecutivo de Illa busca equilibrar el cumplimiento de la normativa estatal con la promoción del uso del catalán como herramienta de integración social en la comunidad autónoma.