La Delegación del Gobierno en Madrid atribuye a mandato judicial el despliegue policial en el desahucio de Retiro
La Delegación del Gobierno en Madrid ha clarificado este miércoles su posición respecto al dispositivo de seguridad desplegado en el distrito de Retiro, donde se prevé la ejecución del desahucio de una ciudadana de 87 años. Fuentes de la institución han precisado que la intervención de la Policía Nacional no responde a una orden directa del organismo gubernamental, sino al cumplimiento estricto de un mandato judicial emanado del juzgado correspondiente.
El operativo policial se ha concentrado desde las primeras horas de la mañana en las inmediaciones del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Según han informado fuentes institucionales a las agencias de noticias, la labor de las fuerzas de seguridad en este escenario se limita a garantizar el auxilio a la comisión judicial encargada de ejecutar el lanzamiento, el cual representa el cuarto intento administrativo de desalojo de la vivienda afectada.
La situación en la zona ha sido descrita como de «calma tensa» por los presentes, con un despliegue que supera la decena de vehículos policiales. Desde la noche anterior, centenares de ciudadanos se congregaron frente al inmueble en señal de protesta y apoyo a la inquilina, pernoctando en la vía pública con el objetivo de dificultar el acceso de la comitiva judicial, cuya llegada estaba programada a partir de las 9:30 horas.
A pesar de la movilización de los efectivos de seguridad necesarios para dar cumplimiento a la resolución jurídica, la Delegación del Gobierno ha manifestado de forma pública su postura contraria a la ejecución de este tipo de medidas de desahucio, especialmente en casos de vulnerabilidad por edad avanzada. No obstante, han reiterado que las facultades de la Policía Nacional, en su función de policía judicial, quedan supeditadas a los requerimientos de los magistrados titulares de la causa.
Este nuevo episodio de tensión habitacional en la capital pone de relieve la complejidad institucional en la coordinación de los desalojos forzosos, donde se confrontan las decisiones del Poder Judicial con la gestión de la seguridad ciudadana y la respuesta social en el ámbito local.
