Iustitia Europa denuncia ante la JEC el incremento del censo exterior tras la aplicación de la Ley de Memoria Democrática
La formación política Iustitia Europa ha presentado una denuncia formal ante la Junta Electoral Central (JEC) en la que advierte sobre la incorporación masiva de nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Según el escrito, este incremento es consecuencia directa de los expedientes de nacionalidad tramitados bajo la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos», que permite el acceso a la nacionalidad española a descendientes de residentes en el extranjero.
La denuncia se fundamenta en la necesidad de preservar la «pureza del censo» como requisito indispensable para la validez del sufragio. Basándose en datos analizados por su equipo jurídico, la organización señala que la población española residente en el extranjero alcanzó los 3.202.002 inscritos a fecha de 1 de enero de 2026. Esta cifra representa un incremento anual del 5,1%, un volumen de crecimiento que, a juicio del denunciante, desborda la capacidad de control de la administración consular.
Iustitia Europa sostiene que el crecimiento exponencial de las solicitudes de nacionalidad ha generado una saturación en los consulados de países como Argentina, Brasil y Cuba. En el texto remitido a la JEC, se argumenta que esta situación deriva en una «incapacidad material de fiscalización» por parte de las autoridades, lo que podría estar facilitando «altas de complacencia» sin una calificación registral rigurosa. Por ello, el partido invoca la obligación de la Oficina del Censo Electoral (OCE) de supervisar el proceso, conforme a lo estipulado en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Uno de los puntos centrales de la impugnación es la adscripción provincial del voto exterior. La formación ha solicitado que la Junta Electoral Central requiera a la OCE un desglose pormenorizado de las altas en el CERA, detallando los criterios y el soporte documental que justifican que un nuevo nacionalizado sea adscrito a una circunscripción provincial específica. Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha subrayado que una adscripción artificial en provincias con escaso margen de escaños podría alterar significativamente los resultados electorales.
«El censo no puede ser una caja negra», ha manifestado Pardo, quien insiste en que el Estado debe garantizar que la asignación de electores extranjeros responda a un arraigo real y legalmente acreditado. La denuncia recalca que, dado que en el sistema electoral español los escaños se dirimen provincia a provincia, la transparencia en la gestión de las nuevas incorporaciones es fundamental para asegurar el principio de igualdad y la objetividad del proceso.
Finalmente, el escrito recuerda que la Junta Electoral Central tiene la competencia directa, en virtud del artículo 8 de la LOREG, para garantizar la transparencia del proceso electoral. La formación insta al organismo a intervenir de forma inmediata para evitar una eventual concentración de votos que no se ajuste estrictamente a la legalidad vigente, garantizando así la integridad de los futuros procesos democráticos en España.
