La comisión judicial ejecuta el desahucio de una mujer de 87 años en el distrito de Retiro tras 70 años de residencia
La comisión judicial ha llevado a cabo este miércoles el lanzamiento de Maricarmen, una mujer de 87 años que residía desde hace siete décadas en una vivienda situada en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. La ejecución se ha producido en el cuarto intento programado, después de que los tres anteriores fueran suspendidos o aplazados por diversas causas legales y sociales.
El operativo ha contado con una destacada presencia de la Policía Nacional, que intervino a primera hora de la mañana para retirar a las decenas de personas que se habían concentrado desde la noche del martes con el fin de impedir el acceso judicial. Según fuentes presenciales, la mujer ha tenido que abandonar el inmueble en una ambulancia debido al estado de ansiedad y el deterioro de salud sufrido durante el proceso de desalojo.
La defensa legal de la afectada había solicitado previamente una nueva suspensión del lanzamiento alegando motivos humanitarios. La propuesta consistía en conceder un plazo adicional de entre quince días y un mes para que la inquilina pudiera organizar el traslado de sus pertenencias. No obstante, la representación legal de la mujer ha denunciado que la propiedad rechazó estas alternativas, insistiendo en la ejecución inmediata de la orden judicial.
Desde el Gobierno de España, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha manifestado su solidaridad con la afectada y ha expresado su preocupación por la ejecución del desahucio, instando a una reflexión social sobre este tipo de situaciones. Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha señalado que se realizaron gestiones para intentar la compra del inmueble, si bien el propietario declinó la venta. López ha apuntado directamente a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid como las instituciones con competencias para garantizar una solución habitacional.
Ante estas críticas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la actuación de los servicios municipales. Según el regidor, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la mujer todos los recursos sociales disponibles, incluyendo servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional y el seguimiento por parte de Samur Social. Almeida ha asegurado que se han ofrecido distintas alternativas de alojamiento para ser utilizadas una vez consumado el desalojo.
Por otro lado, colectivos antidesahucios y el Sindicato de Inquilinas han denunciado lo que consideran una actuación policial desproporcionada durante el desalojo. Portavoces de estas organizaciones han afirmado que varios activistas resultaron heridos durante las maniobras de retirada en el interior del edificio. Como respuesta a estos hechos, se ha convocado una manifestación de protesta para las 19:00 horas de este miércoles frente a una propiedad del Gobierno regional en el distrito de Chamberí.
El caso de Maricarmen ha vuelto a situar en el centro del debate político la gestión de la vivienda y la protección de los ciudadanos vulnerables de avanzada edad frente a los procedimientos de desahucio derivados de la finalización de contratos de arrendamiento o procesos de propiedad.
