Efectivos policiales inician el dispositivo para el desalojo de una vivienda habitada por una mujer de 87 años en Madrid
Un contingente de la Policía Nacional ha procedido, desde las 7:00 horas de este miércoles, al acordonamiento de la zona y al levantamiento de la acampada situada frente al domicilio de una vecina de 87 años en la calle Alcalde Sáinz de Baranda. La intervención tiene como objetivo garantizar el desarrollo del lanzamiento judicial previsto para las 9:30 horas, momento en el que se espera la llegada de la comisión judicial encargada de ejecutar el desahucio.
La afectada, identificada como Maricarmen, reside en este inmueble desde hace 71 años y presenta una discapacidad reconocida del 50 por ciento. Durante la noche, el Sindicato de Inquilinas de Madrid mantuvo una vigilia en el exterior del edificio para intentar frenar la orden de desalojo. Tras la actuación policial para despejar la vía pública, decenas de personas han permanecido en las inmediaciones lanzando consignas de apoyo a la residente.
El acto de protesta ha contado con la presencia de representantes políticos, entre ellos la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el diputado de Sumar, Enrique Santiago. Asimismo, durante la jornada previa, diversas figuras del ámbito cultural y artístico, como la cantante Ana Belén y la comunicadora Inés Hernand, acudieron al lugar para manifestar su solidaridad con la inquilina, quien anoche defendió su derecho a permanecer en la vivienda alegando razones de arraigo y vulnerabilidad.
En el plano administrativo, el Sindicato de Inquilinas ha informado sobre una oferta económica de última hora presentada por una escritora que prefiere mantener el anonimato. La propuesta consiste en sufragar la diferencia entre la renta actual de 500 euros que paga la vecina y los 2.650 euros mensuales que reclama la empresa propietaria del edificio, Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. Esta mediación busca establecer un nuevo contrato que permita la permanencia de la mujer en el inmueble.
Por el momento, la decisión final recae sobre la entidad inmobiliaria, que anteriormente se había mostrado renuente a alcanzar un acuerdo de alquiler social o prórroga con la arrendataria. La situación en el distrito de Retiro se mantiene bajo una estrecha vigilancia policial a la espera de que la autoridad judicial dictamine si el lanzamiento se hace efectivo o si se concede una suspensión ante las nuevas circunstancias económicas propuestas.
