El Real Zaragoza enfrenta esta semana uno de los escenarios más críticos de su trayectoria deportiva e institucional, ante la posibilidad de un descenso matemático a Primera RFEF. Esta situación ha generado una fuerte inestabilidad social que señala directamente a la actual propiedad, encabezada por Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa y responsable de Amber Capital, y compromete la viabilidad de proyectos estratégicos como la construcción de la Nueva Romareda.
En el ámbito estrictamente deportivo, el club aragonés podría certificar su caída a la categoría de bronce si se producen una serie de resultados adversos en su encuentro frente al Sporting de Gijón y los compromisos de rivales directos como el Cádiz, el Mirandés o el Huesca. El descenso a una división semiprofesional supondría un impacto económico de dimensiones estructurales para una entidad que suma ya trece temporadas consecutivas fuera de la máxima categoría del fútbol nacional.
La crisis de resultados ha derivado en una movilización masiva de la afición. La Federación de Peñas del Real Zaragoza ha formalizado una petición de salida inmediata para la actual junta directiva y ha solicitado la inhabilitación de sus gestores. Los seguidores denuncian una gestión alejada de la identidad del club y responsabilizan al núcleo inversor, integrado por Oughourlian, Jorge Mas y otros socios vinculados al ámbito internacional, de haber conducido a la institución a su peor crisis histórica pese a las promesas de modernización iniciales.
A pesar de que el desembarco de Amber Capital en 2022 se presentó como una garantía de estabilidad financiera, la realidad contable refleja una situación compleja. Desde la toma de control, se han ejecutado sucesivas ampliaciones de capital que suman cerca de 40 millones de euros en los últimos dos años y medio. No obstante, estas inyecciones de liquidez no han logrado mitigar el endeudamiento estructural heredado de gestiones anteriores ni han traducido el músculo financiero en éxitos sobre el terreno de juego.
Paralelamente, el proyecto de la Nueva Romareda, eje central de la estrategia de crecimiento del grupo propietario, se encuentra bajo examen institucional. Aunque el Gobierno de Aragón defiende la continuidad de la obra, la Cámara de Cuentas ha emitido un informe donde cifra el coste total de la operación en 173 millones de euros al incluir exenciones fiscales. El documento revela que los compromisos financieros no cumplidos por la parte privada han obligado a la administración pública a redoblar su inversión para evitar la paralización del recinto.
La gestión de Joseph Oughourlian, cuya imagen empresarial se ve ahora salpicada por la deriva del club, afronta un momento de máxima presión. La distancia percibida por los abonados respecto a una propiedad con sede en el extranjero ha agudizado un divorcio social que amenaza con derivar en protestas masivas. El desenlace de la jornada liguera no solo determinará la categoría en la que militará el equipo, sino que pondrá a prueba la continuidad de un modelo de negocio que vincula la rentabilidad urbanística del nuevo estadio a la permanencia en el fútbol profesional.
