La ARMH solicita al Gobierno la desclasificación de los expedientes sobre el asesinato de García Lorca
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una petición formal ante la Presidencia del Gobierno para exigir la desclasificación de todos los documentos oficiales relacionados con el asesinato del poeta Federico García Lorca. La solicitud, dirigida al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, insta a la transparencia sobre los archivos que el Estado conserva acerca del crimen ocurrido en agosto de 1936, coincidiendo con el 90 aniversario del suceso.
El núcleo de la reclamación se centra en la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales, una normativa que data del 5 de abril de 1968. Según denuncia la ARMH en su escrito, esta legislación continúa bloqueando el acceso a información sensible sobre la represión franquista. La asociación subraya que, a pesar de las disposiciones de la Ley de Memoria Democrática de 2022, el Gobierno ha incumplido los plazos para tramitar una nueva ley de información clasificada que sustituya al marco legal heredado de la dictadura.
Entre la documentación cuya apertura se demanda destaca un informe de la policía franquista redactado en Granada con fecha de 9 de julio de 1965. En dicho expediente, al que ha tenido acceso la asociación, las autoridades de la época definen a García Lorca como «socialista» y masón, además de atribuirle «prácticas de homosexualismo y aberración». Este documento constituye uno de los pocos reconocimientos oficiales por parte del aparato del Estado franquista sobre la detención y posterior ejecución del escritor.
El informe policial de 1965 detalla que la detención de Lorca se produjo en el domicilio de la familia Rosales, donde el poeta se había refugiado. El operativo fue liderado por el exdiputado de la CEDA Ramón Ruiz Alonso, bajo la acusación de que el autor era «un enlace con Rusia». Tras ser conducido al Gobierno Civil de Granada, el poeta fue trasladado al paraje de Fuente Grande, en Víznar, donde fue ejecutado y enterrado en un paraje que el propio informe describe como «muy difícil de localizar».
La ARMH, presidida por Emilio Silva, critica que la actual democracia española mantenga bajo reserva documentos que podrían arrojar luz sobre las responsabilidades del mando militar y civil en Granada, específicamente señalando al entonces gobernador civil, José Valdés Guzmán. Para la asociación, el mantenimiento del secreto sobre estos archivos supone un «agravio permanente» para las víctimas y una protección implícita a los responsables de los crímenes.
Desde el punto de vista legislativo, el Gobierno aprobó en julio de 2023 un proyecto de ley de información clasificada que establecía un plazo de 45 años para desclasificar materias de alto secreto. No obstante, dicho texto no ha avanzado en su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, la ARMH recuerda que otros expedientes, como los relativos al 23-F, han sido desclasificados recientemente, por lo que instan al Ejecutivo a aplicar el mismo criterio de transparencia con los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura.
Federico García Lorca fue asesinado en la madrugada del 18 de agosto de 1936 junto al maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. A pesar de diversas campañas arqueológicas en la zona de Alfacar y Víznar, sus restos mortales aún no han sido localizados, manteniendo el caso como uno de los símbolos de las desapariciones forzadas durante el conflicto civil español.
