Sanidad y el Gobierno de Ceuta enfrentan posturas sobre la responsabilidad en la crisis asistencial
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han protagonizado un cruce de reproches institucionales respecto a la gestión de la crisis sanitaria derivada del reciente incremento de la presión migratoria. Mientras el Ministerio niega la existencia de un colapso en los servicios y traslada la responsabilidad de la falta de infraestructuras de acogida a la administración local, el Gobierno ceutí y los colectivos profesionales advierten de un riesgo epidemiológico inminente y exigen una respuesta coordinada por parte del Estado.
Durante una intervención en Televisión Española, la titular de Sanidad aseguró que el Gobierno central ha mantenido su presencia en la zona desde el inicio de la crisis migratoria, rechazando las críticas de abandono. García atribuyó la saturación actual a la ausencia de «espacios habilitados» por parte del Ejecutivo de Juan Jesús Vivas para el seguimiento de las personas atendidas. Según la ministra, la Ciudad Autónoma no ha mostrado la agilidad necesaria para poner en marcha recintos seguros que permitan el control de posibles brotes epidémicos, una competencia que Sanidad sitúa bajo el paraguas de la salud pública local.
Por su parte, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, calificó el comportamiento de la ministra como «incorrecto» y rechazó las críticas sobre la falta de solidaridad o previsión de su administración. Vivas subrayó que la ciudad se encuentra en una situación de extrema tensión histórica y recordó que las competencias en materia de control de fronteras, puertos y alertas de viajeros pertenecen exclusivamente al Estado. El líder regional instó al Gobierno central a asumir su responsabilidad ejecutiva en lugar de eludir el conflicto mediante el reparto de competencias entre la salud pública y la asistencia sanitaria.
En el ámbito técnico, los profesionales sanitarios han manifestado una visión opuesta a la del Ministerio. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertido sobre un «riesgo real de epidemia», describiendo el escenario asistencial como una «bomba de relojería». Esta postura coincide con la de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), cuyos representantes han trasladado a la ministra que la situación en las zonas de atención primaria y hospitalaria es «insostenible» y requiere la declaración del nivel de urgencia máximo.
Ante la falta de consenso, tanto el Ejecutivo ceutí como los sindicatos médicos han solicitado formalmente la instauración de un «mando único» que centralice la toma de decisiones y mejore la operatividad frente a la crisis. Sin embargo, el Gobierno de la Nación mantiene por el momento su apuesta por la coordinación interministerial. El presidente Pedro Sánchez encabezó este lunes una reunión con los titulares de Economía, Exteriores, Defensa, Interior, Política Territorial, Inclusión y Juventud e Infancia para evaluar la situación, un encuentro en el que no participó la ministra de Sanidad.
La tensión política ha escalado paralelamente en el arco parlamentario, donde el Partido Popular ha solicitado la dimisión de Mónica García tras su visita a la ciudad autónoma. Mientras la administración central defiende su gestión a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), la administración local insiste en que las capacidades de la ciudad están desbordadas y que solo una acción estatal directa podrá paliar las consecuencias de la presión migratoria sobre el sistema de salud.
