Detienen al ex titular de ARSAT Facundo Leal tras el hallazgo de dos millones de euros y estupefacientes
El abogado Facundo Leal, quien fuera presidente de la empresa estatal ARSAT y director del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), fue detenido tras un operativo judicial en el que se incautaron más de dos millones de euros en efectivo y sustancias ilícitas. El procedimiento, que originalmente buscaba investigar el presunto robo de activos informáticos, derivó en una causa por supuesto blanqueo de capitales y narcotráfico.
La intervención policial tuvo su origen en una denuncia presentada por el Gobierno Nacional ante el faltante de equipamiento tecnológico en la compañía de telecomunicaciones del Estado. Sin embargo, durante el registro de la propiedad de Leal, los investigadores hallaron de forma circunstancial las divisas y la droga, lo que modificó el alcance de la instrucción penal a cargo del juez federal Lino Mirabelli.
Fuentes judiciales confirmaron que la investigación se encuentra en una etapa de recolección de pruebas para establecer la procedencia del dinero y su posible vinculación con irregularidades en contratos y operaciones financieras dentro de ARSAT. El expediente ha sumado nuevas derivaciones que comprometen la situación procesal del exfuncionario, quien permanecerá detenido a disposición de la Justicia Federal.
Leal, de 42 años, cuenta con un extenso recorrido en la gestión pública. Asumió la presidencia de ARSAT en 2022, bajo la administración de Alberto Fernández, y mantuvo su posición tras el cambio de gestión en la Casa Rosada. En el año 2025, fue designado por el actual Gobierno de Javier Milei para encabezar el ORSNA, cargo que desempeñó hasta su renuncia a fines de febrero de 2026. Al momento de su arresto, el abogado continuaba ligado a ARSAT como empleado de la planta permanente.
El caso ha generado un fuerte impacto institucional debido a la jerarquía de los cargos ocupados por el implicado en diversas administraciones. La Justicia busca ahora determinar si el patrimonio hallado guarda relación con las maniobras investigadas originalmente en torno a los activos informáticos de la compañía estatal o si responde a una estructura delictiva independiente.
