Prisión para un hombre acusado de grabar a más de 130 mujeres en una clínica de Rivas-Vaciamadrid
La Guardia Civil ha detenido en Rivas-Vaciamadrid a un hombre de 60 años y nacionalidad española como presunto autor de la grabación no consentida de más de 130 mujeres en una clínica de fisioterapia. El arrestado, al que también se le imputan delitos de agresión sexual en varios de los casos investigados, ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial tras el análisis de las pruebas recabadas por los agentes.
La investigación policial determinó que el sospechoso utilizaba cámaras ocultas para captar imágenes de las pacientes mientras se desvestían para recibir tratamientos de fisioterapia y masaje. Tras la puesta a disposición judicial de las diligencias, la autoridad competente decretó la medida cautelar de privación de libertad ante la gravedad de los hechos y la pluralidad de víctimas afectadas por la vulneración de su intimidad.
Ante la relevancia de los hechos, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha emitido un comunicado institucional en el que traslada su apoyo y acompañamiento a las mujeres afectadas. El consistorio ha puesto a disposición de las víctimas los recursos del Punto Municipal de Violencia de Género, donde podrán recibir atención psicológica especializada, orientación jurídica y, en caso de ser necesario, derivación a otros servicios públicos de protección.
El Gobierno municipal ha informado que evalúa actualmente la posibilidad de ejercer la acusación popular en el proceso judicial. Fuentes del ayuntamiento han precisado que esta medida responde a la defensa de los intereses generales y a la protección de las ciudadanas, si bien han subrayado que cualquier decisión final se adoptará bajo los principios de prudencia y estricta legalidad mientras avanza la instrucción del caso.
Finalmente, la administración local ha recordado que las posibles víctimas pueden contactar con los servicios municipales a través de los canales habilitados, como el Buzón Mujer o el teléfono de asistencia directa. La prioridad de las autoridades se centra ahora en garantizar que todas las personas afectadas conozcan los mecanismos de protección y asistencia técnica disponibles durante el desarrollo del procedimiento judicial.
