Desarticulada una red de fraude en inspecciones técnicas de vehículos en el distrito de San Blas
La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, ha procedido a la detención de cuatro personas implicadas en una presunta red criminal dedicada a la aprobación fraudulenta de inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Entre los arrestados se encuentran el ingeniero jefe y el director de una estación situada en el distrito madrileño de San Blas, quienes presuntamente facilitaban resultados favorables a automóviles que no reunían las condiciones de seguridad obligatorias.
Según consta en la investigación iniciada el pasado mes de noviembre, los responsables de la planta coaccionaban supuestamente a los operarios para validar vehículos con deficiencias graves. Por estos servicios, la organización solicitaba pagos de hasta 150 euros por automóvil, llegando a tramitar de manera irregular una media de 20 vehículos diarios. Esta actividad permitía la libre circulación de turismos que carecían de los estándares mínimos para garantizar la seguridad vial.
El entramado contaba además con otros dos integrantes cuya función principal consistía en el traslado de los vehículos hasta la estación y la gestión de la documentación necesaria para evitar posibles inmovilizaciones. Durante los meses que duró el seguimiento, los agentes detectaron desperfectos críticos en los automóviles inspeccionados, tales como neumáticos cuarteados y sistemas de iluminación descolgados, fallos que en condiciones ordinarias habrían supuesto una calificación desfavorable.
La operación policial culminó el pasado 19 de mayo con un registro exhaustivo en las instalaciones de la ITV de San Blas, donde los efectivos se incautaron de diversa documentación que vincula a los implicados con el fraude. Tras la finalización de las diligencias policiales, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para responder por los presuntos delitos.
Los procesados se enfrentan a cargos por pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, coacciones y delitos contra la seguridad vial. Con esta intervención, las fuerzas de seguridad dan por desmantelado un punto crítico de irregularidades administrativas que comprometía de manera directa la integridad de los usuarios de la vía pública en la Comunidad de Madrid.
