Los dos individuos detenidos el pasado sábado en Irún (Guipúzcoa) por su presunta vinculación con actividades de carácter terrorista permanecen este lunes en dependencias de la Ertzaintza. Según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, ambos se encuentran bajo custodia a la espera de ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional, una diligencia que podría concretarse entre el martes y el miércoles tras la correspondiente autorización judicial.
Los arrestados, un hombre de 34 años y una mujer de 22, se presentaron de forma voluntaria en la comisaría de la Policía autonómica vasca acompañados por su representación legal. La investigación, que se desarrolla bajo la supervisión del tribunal central, vincula a los detenidos con sectores disidentes de la izquierda abertzale que mantienen una postura crítica frente a la estrategia oficial seguida tras el fin de la violencia de la organización terrorista ETA, cuyo decimoquinto aniversario se cumple esta semana.
El origen de las actuaciones policiales se remonta al pasado 26 de septiembre, durante un control preventivo realizado por la Ertzaintza en la localidad de Escoriaza. En dicha intervención, los agentes identificaron a tres personas que portaban material calificado como «muy sensible» relativo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Asimismo, la documentación hallada incluía indicios sobre la posible localización de depósitos con armas y explosivos, lo que motivó la apertura de diligencias por presuntos delitos de terrorismo.
Tras conocerse el operativo, la organización Aske —plataforma integrada en el movimiento Jardun y centrada en la reivindicación de la amnistía— ha emitido un comunicado en el que rechaza cualquier vinculación orgánica con los arrestados. La entidad ha calificado las detenciones como parte de una «campaña de criminalización» y ha reclamado la inmediata puesta en libertad de ambos individuos, denunciando la presión mediática sobre su entorno.
Por su parte, la respuesta política y social no se ha hecho esperar. Las juventudes del PSE-EE han manifestado su apoyo a la labor policial y han condenado cualquier intento de retomar acciones de señalamiento o amenaza contra los ciudadanos o las fuerzas de seguridad. En una línea similar, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha advertido sobre la persistencia de focos de radicalización violenta en el País Vasco, señalando lo que consideran una falta de acción institucional ante estos fenómenos.
Finalmente, desde el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se ha hecho un llamamiento a la firmeza democrática, subrayando que no se debe dar «ni un paso atrás» en la preservación de la paz y la convivencia alcanzadas en el territorio. Se espera que en las próximas horas se completen las diligencias policiales necesarias antes del traslado de los investigados a Madrid.
