El Ministerio de Exteriores eleva a 97,5 millones la inversión para la digitalización consular ante el impacto de la Ley de Memoria Democrática
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha alcanzado una inversión total de 97,55 millones de euros, IVA incluido, destinada a la modernización y digitalización de sus servicios consulares. Esta cuantía, que consolida contratos originales y modificaciones posteriores, coincide con el incremento en la carga administrativa derivada de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la «ley de nietos», que ha generado un volumen de solicitudes de nacionalidad superior a los 2,6 millones hasta la fecha.
El plan tecnológico, adjudicado inicialmente en el año 2021, contemplaba un horizonte de finalización para diciembre de 2023. No obstante, la gestión del departamento dirigido por José Manuel Albares ha requerido una reestructuración del calendario y de los objetivos técnicos, extendiendo los trabajos hasta finales de 2025. Esta ampliación se ha articulado mediante modificaciones contractuales que han permitido reorganizar proyectos, suprimiendo cinco líneas de actuación iniciales e incorporando tres nuevas para adaptarse a las necesidades actuales del servicio exterior.
Estructura de las adjudicaciones y contratistas principales
La arquitectura financiera de este proceso de digitalización se sustenta en tres lotes principales licitados en 2021 por un importe de 71,57 millones de euros sin impuestos. El lote de mayor envergadura, dotado con 57,58 millones de euros, fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Indra y Telefónica. El segundo lote, de 10,33 millones, recayó en la agrupación formada por Gate2G, Hiberus, Ingenia y Oesía, mientras que el tercer contrato, valorado en 3,66 millones, fue asignado a la firma Ayesa.
A estas cifras se han sumado recientemente dos nuevas adjudicaciones en 2025 a la compañía Telefónica, por un valor conjunto de 8,36 millones de euros adicionales sin IVA, destinadas a suministros y soluciones tecnológicas. Con estas incorporaciones y los ajustes económicos realizados en los contratos previos —que incluyen un incremento neto de 688.580 euros en el lote gestionado por Ayesa—, el total de fondos comprometidos identificados asciende a 80,62 millones de euros antes de impuestos.
Modificaciones operativas y extensiones de plazo
El desarrollo del proyecto ha estado marcado por la simultaneidad con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022. Aunque el plan tecnológico no fue diseñado específicamente para atender esta norma, la presión sobre las oficinas consulares, especialmente en demarcaciones como Buenos Aires, obligó a ajustar la ejecución. En diciembre de 2023, Exteriores aprobó una prórroga de 22 meses para el contrato principal sin alterar el precio global, pero modificando sustancialmente los hitos y las prestaciones informáticas.
Asimismo, en el ámbito de las licencias de software, el Ministerio sustituyó en septiembre de 2024 un modelo de licencias ilimitadas por un contingente definido según las necesidades previstas, manteniendo la dotación presupuestaria. Por su parte, el segundo lote del plan redujo su importe en 40.000 euros y fragmentó sus hitos de pago para facilitar el seguimiento de la ejecución hasta marzo de 2025.
Impacto administrativo y respuesta de la Administración
La magnitud de la demanda ciudadana ha requerido también intervenciones normativas por parte del Ministerio de Justicia. En noviembre de 2024, se emitió una instrucción para permitir que los interesados que hubieran solicitado cita telemática dentro del plazo legal pudieran presentar su documentación posteriormente, incluso si la cita efectiva se producía tras el vencimiento de la ley. Esta medida buscaba mitigar el impacto de las demoras en los sistemas de cita previa, recurrentes en consulados con alta demanda de descendientes.
Según datos proporcionados por el Gobierno en sede parlamentaria, a fecha de 30 de abril de 2024 se habían contabilizado 2.622.450 solicitudes bajo la disposición adicional octava, de las cuales 557.709 han sido aprobadas. No obstante, el Ejecutivo ha señalado la dificultad de establecer una serie estadística homogénea para determinar los tiempos medios de resolución, así como la imposibilidad de aislar un coste total único imputable exclusivamente a la aplicación de esta ley, dado que los recursos tecnológicos y humanos se comparten con el resto de la actividad consular.
