Marruecos bloquea el retorno de los menores de Ceuta al ignorar los expedientes tramitados por la Policía
Tres meses después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el proceso de reagrupación familiar de los cerca de 3.000 menores extranjeros no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma se encuentra paralizado. A pesar del compromiso público de Marruecos para aceptar el retorno de estos adolescentes, las autoridades del país vecino no han respondido a ninguno de los primeros 50 expedientes de repatriación remitidos por la Policía Nacional, según confirman fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
El procedimiento administrativo, que se rige por el acuerdo bilateral suscrito entre España y el reino alauí, exige un análisis individualizado de cada caso para garantizar el interés superior del menor. Sin embargo, fuentes policiales señalan que el «modus operandi» de Rabat consiste en el silencio administrativo, ignorando los requerimientos formales necesarios para completar la documentación. Hasta la fecha, se ha logrado filiar a unos 2.000 jóvenes, aunque las organizaciones humanitarias calculan que otros 700 continúan viviendo en la vía pública.
Esta falta de cooperación no es un fenómeno reciente. Los registros oficiales revelan que alrededor de 600 expedientes de menores que ya se encontraban en Ceuta antes de la crisis de julio tampoco han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades marroquíes. En sede parlamentaria, el Gobierno de España ha reconocido recientemente que, en la práctica, no se ha materializado ninguna devolución efectiva en los últimos años, lo que evidencia la inoperancia del sistema de retorno previsto en los tratados.
Ante este bloqueo institucional, el Ministerio de Juventud e Infancia ha comenzado a asumir que la mayoría de estos menores permanecerán en territorio español. La ministra Sira Rego ha subrayado que la legislación vigente protege la voluntad de los adolescentes que desean quedarse en España, lo que obligará al Ejecutivo central a activar mecanismos de traslado hacia otras comunidades autónomas para aliviar la saturación de los centros de acogida ceutíes, actualmente desbordados.
La situación ha agravado el conflicto político entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la administración central. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha criticado la lentitud en la tramitación no solo de los expedientes de menores, sino también de las expulsiones de inmigrantes adultos. Desde el Ejecutivo local se ha advertido con recurrir ante el Tribunal Supremo tras denunciar que el Ministerio del Interior y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no aportan los recursos suficientes ni la información necesaria sobre los miles de inmigrantes albergados en la ciudad.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, responsable del mando único para la gestión migratoria, sostiene que se están respetando escrupulosamente los plazos legales y los derechos fundamentales. Mientras tanto, las cifras policiales estiman que, además de los menores, cerca de 10.000 inmigrantes adultos permanecen en la ciudad autónoma a la espera de que se resuelvan sus expedientes administrativos en un contexto de cooperación internacional inexistente en la práctica.
