España supera los 150.000 operadores de drones y la UE refuerza la seguridad con 380 millones de euros
El sector de las aeronaves no tripuladas en España ha alcanzado un hito histórico al superar la barrera de los 150.000 operadores registrados. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el país cerró el ejercicio de 2025 con un total de 150.332 operadores, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior. Este crecimiento exponencial, que suma más de 30.600 nuevos registros en doce meses, ha impulsado a la Comisión Europea a movilizar 380 millones de euros para fortalecer la seguridad en infraestructuras críticas y fronteras exteriores.
Distribución territorial y liderazgo regional
La implantación de la tecnología de drones muestra una concentración significativa en cuatro comunidades autónomas, que agrupan más de la mitad del censo nacional. Andalucía encabeza la clasificación con 26.111 operadores registrados, seguida de cerca por la Comunidad de Madrid con 25.067. Cataluña, con 18.658 registros, y la Comunidad Valenciana, con 15.040, completan el grupo de regiones con mayor actividad en este sector, que abarca desde usos recreativos hasta aplicaciones profesionales e industriales de alta precisión.
Inversión comunitaria para la protección de infraestructuras
Ante la proliferación de estos dispositivos y los desafíos que plantean para la seguridad aérea, la Unión Europea ha intensificado su estrategia de defensa. La Comisión Europea anunció recientemente una partida adicional de 130 millones de euros destinada a reforzar las capacidades antidrones en las fronteras exteriores, elevando la inversión conjunta hasta los 380 millones de euros. España se encuentra entre los 16 Estados miembros beneficiarios de esta iniciativa, orientada a proteger puertos, aeropuertos e instalaciones estratégicas frente a posibles incursiones no autorizadas.
La urgencia de estas medidas se sustenta en la recurrencia de incidentes en entornos aeroportuarios. Durante 2026, se han registrado afectaciones al tráfico aéreo en los aeropuertos de Barcelona, Málaga, Ibiza y Gran Canaria. Uno de los episodios más relevantes tuvo lugar en agosto en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, donde el avistamiento de un dron no identificado obligó a suspender las operaciones aeroportuarias durante 50 minutos, evidenciando la vulnerabilidad de la aviación comercial ante el uso indebido de estas aeronaves.
Vigilancia avanzada y respuesta tecnológica
Para mitigar estos riesgos, las fuerzas de seguridad han comenzado a desplegar sistemas de vigilancia de última generación. En Barcelona, los Mossos d’Esquadra emplean la plataforma tecnológica Dedrone para supervisar un área de 50 kilómetros cuadrados. Este sistema integra radares, sensores de radiofrecuencia y cámaras que permiten no solo detectar e identificar drones, sino también localizar con precisión la posición del operador en tierra.
Esta tecnología, de uso creciente en el ámbito de la seguridad pública y la defensa, ya cuenta con despliegues en más de 1.130 emplazamientos a nivel global, incluyendo centros penitenciarios e infraestructuras energéticas. Su eficacia ha sido probada en eventos de gran magnitud, como el dispositivo de seguridad del Mundial de Fútbol de 2026, donde proporcionó cobertura a once estadios y más de medio centenar de instalaciones complementarias en Estados Unidos.
Hacia una integración segura del espacio aéreo
El auge de la industria de los drones plantea el reto institucional de compatibilizar el desarrollo comercial de un sector en expansión con la protección de la seguridad nacional. La existencia de acuerdos marco con organismos como la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) facilita a los países aliados el acceso a sistemas de neutralización específicos, como el DedroneDefender, diseñados para interceptar amenazas de forma controlada.
En conclusión, el incremento de operadores en España refleja la madurez de una tecnología con múltiples beneficios económicos, pero cuya gestión exige una coordinación constante entre las autoridades aeronáuticas y las fuerzas de seguridad para garantizar la integridad del espacio aéreo a baja altura y la protección de los ciudadanos.
